El cierre del tramo federal 200 generó caos vial y pérdidas millonarias, lo que afectó el comercio y la movilidad
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El inicio de la semana estuvo marcado por la reaparición de una de las estrategias de presión más conocidas en Chiapas,el bloqueo carretero. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) paralizaron el paso en el crucero de Xóchitl, municipio de Tuzantán, para visibilizar lo que calificaron como una serie de rezagos laborales y administrativos que afectan tanto a docentes en activo como a jubilados de la región Sierra Madre.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la entidad el 45 por ciento de los trabajadores de la educación reportó problemas relacionados con pagos atrasados o falta de certeza laboral. A este panorama se suma que, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), más de mil 200 plazas en distintos niveles educativos del estado se encuentran sin cubrir, lo que impacta en la calidad del aprendizaje en comunidades rurales y urbanas.
El bloqueo de la carretera federal 200, vital para el tránsito entre la frontera sur y el centro del país, exhibió un punto de tensión recurrente, la confrontación entre el derecho a la protesta y la afectación económica. La Cámara Nacional de Comercio en Tapachula estimó que cada cierre de esta vía genera pérdidas que superan los 15 millones de pesos diarios, una cifra que golpea de lleno a pequeños y medianos empresarios de la región. El dilema se mantiene entre el malestar social de los maestros y el costo económico para la sociedad civil.
El pliego de exigencias no se limitó a mejores condiciones laborales. Los docentes reclamaron la reposición inmediata de maestros faltantes en la Sierra Madre, la bilateralidad en las decisiones educativas y cadenas de cambios internos que, afirmaron, se han frenado en los últimos meses. La movilización de Tuzantán se extenderá este martes con una jornada regional en Tapachula, donde además se exigirá la presentación con vida de los normalistas desaparecidos, lo que conecta así demandas gremiales con reclamos históricos de justicia.
Mientras Gobierno estatal había logrado contener estas manifestaciones en los últimos meses, el regreso de estas acciones dejó en evidencia que la inconformidad persiste. Según la Encuesta Nacional sobre Confianza Institucional (ENCI), apenas el 27 por ciento de los chiapanecos confía en la gestión de las autoridades educativas, un dato que refleja la fractura entre el discurso oficial y la percepción ciudadana.
