El IEPC marcó un precedente al sancionar a funcionarios por abuso de poder
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) sancionó a Grissel Vázquez Zambrano, presidenta municipal de Tuzantán, y al edil de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez, por incurrir en violencia política de género. Ambas resoluciones incluyeron multas cercanas a 54 mil pesos y la obligación de ofrecer disculpas públicas a las víctimas de sus acciones, esto marcó un precedente en la supervisión del ejercicio del poder local en Chiapas.
En Tuzantán, la sanción contra la alcaldesa se sumó a la de su esposo y exalcalde Bany Oved Guzmán, quien también fue castigado por violencia política durante su gestión. Según el Observatorio Nacional de Violencia Política en Razón de Género, Chiapas concentró el 8.7 por ciento de los casos registrados en México entre 2020 y 2024, lo que evidenció patrones de abuso en municipios donde las familias han mantenido cargos por años.
La reacción ciudadana evidenció la preocupación por el uso del poder como propiedad familiar. Encuestas recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mostraron que 56 por ciento de los habitantes de municipios pequeños en Chiapas percibieron favoritismo político y nepotismo como prácticas comunes, un factor que agrava la desconfianza hacia las autoridades locales y limita la participación democrática efectiva.
En Huixtla, la síndico municipal denunció al alcalde por violencia de género, lo que derivó en la inhabilitación de cuatro años y la inclusión del edil en el padrón de agresores. Datos de la Secretaría de Gobernación indicaron que, en Chiapas, solo 29 por ciento de los casos de violencia política de género contra mujeres concluyeron con sanción efectiva, lo que resaltó la importancia de resoluciones como las recientes del IEPC.
Ambos casos indicaron la persistencia de conductas de abuso y la urgencia de transparencia institucional. Especialistas señalaron que estas sanciones no solo buscan reparar daños individuales, sino enviar un mensaje a los municipios sobre la necesidad de cumplir la ley y garantizar la equidad de género en el ejercicio del poder público. El pronunciamiento definitivo se conocerá en los próximos días, cuando concluya el plazo para apelaciones, mientras la ciudadanía espera acciones claras de rendición de cuentas.
