Comitán encabeza la lista con 325 millones de pesos pendientes, mientras Cintalapa enfrenta conflictos por cortes de luz
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La deuda de los ayuntamientos de Chiapas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alcanzó más de mil 500 millones de pesos, esto reflejó un patrón histórico de retrasos en el pago de servicios básicos. En Cintalapa, esta situación derivó en la orden de corte de luz y la retención temporal de trabajadores de la paraestatal, lo que evidenció la tensión entre autoridades locales y la empresa.
Comitán encabeza la lista de municipios con adeudos, con 325 millones de pesos pendientes, seguido por Berriozábal con 91 millones, Villaflores, 90 millones y Chiapa de Corzo, 87 millones. Según la CFE, estas cifras representan el 58 por ciento de la deuda total acumulada por las 10 principales localidades chiapanecas que aún no han saldado sus obligaciones.
Los adeudos, subrayaron autoridades, corresponden a administraciones pasadas y no son exclusivos de algún partido político. Este fenómeno ha generado un doble problema, mientras los municipios acumulan grandes montos, los ciudadanos enfrentan cortes de energía tras solo uno o dos meses de retraso, lo que provoca críticas sobre equidad y legalidad en el servicio.
La CFE estimó que las pérdidas por robo de energía representan un 12 por ciento adicional de facturación no cubierta, mientras que la recuperación de adeudos mediante cortes solo se aplica como último recurso. En paralelo, la negociación con los municipios busca establecer esquemas de pago que no perjudiquen a la población, al considerarse que la falta de electricidad afecta agua potable, alumbrado y seguridad comunitaria.
En un giro adicional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la CFE deberá pagar tres mil 575 millones de pesos al municipio de Tecpatán por predial de la Hidroeléctrica Nezahualcóyotl, lo que ilustra que los flujos financieros entre la paraestatal y los ayuntamientos son multidireccionales y complejos. Con más de 2.5 millones de usuarios en la comarca, la situación resalta la necesidad de transparencia y equilibrio entre los derechos ciudadanos y la recuperación de recursos públicos.
