Ejidatarios del Soconusco deberán trasladarse hasta Tuxtla Gutiérrez, lo que aumentará gastos en transporte y hospedaje
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Ejidatarios del Soconusco expresaron su alarma ante el próximo cierre de las oficinas de la Procuraduría Agraria en Tapachula, medida que dejaría a cientos de campesinos sin acceso inmediato a servicios legales y administrativos. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Chiapas concentró el 15 por ciento de los ejidos del país, por lo que esta acción afectaría a un número significativo de familias rurales.
El representante de los campesinos, Indalecio Flores Bahamaca, detalló que el cierre respondió a una supuesta falta de presupuesto para el pago de renta y operación de la oficina. La medida obligaría a los ejidatarios a trasladarse hasta Tuxtla Gutiérrez, a más de seis horas de distancia. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) indicó que el 28 por ciento de los campesinos en la comarca dependen de oficinas locales para resolver conflictos de tierras y derechos agrarios.
Los ejidatarios advirtieron que la medida generará graves repercusiones en la certeza jurídica de sus tierras, puesto que muchos trámites requieren atención presencial para la actualización de títulos y resoluciones de conflictos internos. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mostraron que el 62 por ciento de los ejidatarios en la región ha enfrentado irregularidades en la documentación de sus predios, lo que reforzó la necesidad de contar con atención local.
Flores Bahamaca señaló que los gastos adicionales en transporte y hospedaje pondrán en riesgo la economía de familias que viven del campo, donde según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, el ingreso promedio anual por actividad ejidal es de apenas 43 mil 500 pesos. Además, recordó que la Procuraduría Agraria ha sido clave en la mediación de conflictos por parcelas y límites ejidales, función que ahora quedaría centralizada, lo que aumentaría el tiempo de respuesta y la incertidumbre para los productores.
Expertos y líderes locales consideran que la medida refleja un abandono hacia los campesinos, en especial en regiones fronterizas y rurales donde el acceso a instancias administrativas ya es limitado. La SADER reportó que en el Soconusco existen mil 254 ejidos activos, lo que evidenció la magnitud del impacto ante la reducción de servicios presenciales y la urgencia de garantizar apoyo legal y administrativo a quienes sostienen la producción agrícola de la región.
