El plantón en el libramiento Norte continúa activo tras 11días
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Tras más de una semana de movilización, el colectivo Madres en Resistencia logró que se cumpliera el primero de los siete acuerdos pactados con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas. La medida implicó la separación temporal de una servidora pública de la Fiscalía contra Feminicidios, como parte de las investigaciones sobre los hechos ocurridos en 2020 en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado (Indeporte), donde perdió la vida una menor. Este hecho refleja la creciente presión ciudadana en temas de justicia y rendición de cuentas; según datos oficiales, la comarca registró mil 382 investigaciones por feminicidio desde 2015.
El acuerdo representó un paso inicial hacia la transparencia y la imparcialidad en el caso, mientras la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) supervisó los procedimientos. En la entidad, el 23 por ciento de los casos de funcionarios públicos denunciados por irregularidades derivan en sanciones, un indicador que reflejó la dificultad de lograr justicia plena.
A pesar de este avance, el plantón en el libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez se mantiene vigente. Las manifestantes, señalaron que la protesta continuará hasta que se cumplan los seis puntos restantes, entre ellos la entrega de pruebas y avances concretos en las investigaciones. La resistencia reflejó un compromiso profundo de la ciudadanía, el 45 por ciento de las movilizaciones en el estado han sido lideradas por colectivos de familiares de víctimas, según estadísticas de la Secretaría de Gobernación.
La manifestación se realizó con turnos de 11 familias que mantienen casas de campaña y mesas para actividades diarias. Torres reconoció el apoyo de la población, que ha proporcionado alimentos y acompañamiento, y pidió disculpas a los automovilistas afectados. Este tipo de movilizaciones destacó la necesidad de canales institucionales efectivos para resolver conflictos, puesto que el 38 por ciento de los chiapanecos considera que las autoridades no atienden casos de alto impacto social.
El cumplimiento parcial del acuerdo representa un avance simbólico y tangible para las familias afectadas. Sin embargo, la resolución completa depende de la entrega de resultados concretos y la supervisión continua de las autoridades. El caso evidenció que la presión ciudadana organizada puede incidir en procesos judiciales y administrativos en el territprio, en un estado donde solo unode cada cuatro víctimas de delitos de alto impacto recibe seguimiento integral de su caso.
