Los crímenes de este tipo alcanzarían penas que van de 30 a 50 años de prisión
PORTAVOZ/AGENCIAS
La senadora Maki Ortiz Domínguez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de incluir la protección específica a defensores del medio ambiente y del territorio.
La propuesta contempla la creación de un nuevo Capítulo V Bis en el Código Penal Federal, que tipifica el delito de “homicidio en contra de defensores del medio ambiente”, con penas que van de 30 a 50 años de prisión, y agravantes cuando la víctima pertenezca a pueblos indígenas o comunidades afromexicanas, o cuando el agresor sea servidor público.
De acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México figura entre las naciones con mayor número de asesinatos de defensores ambientales, al registrar 25 casos en 2024.
Informes de Global Witness y Front Line Defenders señalan que más de dos mil 253 defensores ambientales han sido asesinados o desaparecidos en América Latina desde 2012, siendo México el tercer país más peligroso del mundo para quienes protegen la naturaleza.
“La defensa de la tierra es también la defensa de la vida. Quienes alzan la voz por nuestros bosques, ríos y mares no solo protegen al medio ambiente, sino el derecho humano a vivir en armonía con la naturaleza”, expresó la senadora por el Partido Verde Ecologista de México.
La legisladora explicó que su iniciativa reconoce por primera vez a las personas defensoras del ambiente como beneficiarias directas del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación.
Propone además ampliar la estructura institucional del mecanismo e incorporar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a su Junta de Gobierno, fortaleciendo así la coordinación interinstitucional.
Ortiz Domínguez planteó también la creación de una Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, especializada en riesgos ambientales y territoriales, que se encargue de monitorear y prevenir agresiones contra quienes defienden el medio ambiente.
La iniciativa establece la obligación de implementar protocolos de reacción rápida y sistemas de alerta temprana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para responder de forma inmediata ante amenazas o ataques.
“La violencia no puede seguir silenciando a quienes defienden la naturaleza. México tiene el deber de proteger a quienes protegen la vida misma”, enfatizó la senadora, al destacar la urgencia de otorgar seguridad y reconocimiento legal a las personas defensoras del medio ambiente y del territorio.
