Los afectados señalaron que fueron exhibidos de manera pública y atendidos de forma despectiva
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La denuncia de un grupo de pacientes con VIH en Chiapas ha vuelto a exponer la fragilidad con la que se manejan las políticas públicas destinadas a las poblaciones más vulnerables. Los afectados, adscritos al programa Bienestar, acusaron a personal de la Delegación estatal de discriminarlos, exhibirlos y negarles el acceso a los apoyos que les corresponden por derecho. La situación, más que un hecho aislado, reflejó una brecha institucional que perpetúa el estigma hacia quienes viven con el virus.
Los denunciantes aseguraron que más de 80 beneficiarios permanecen sin recibir sus tarjetas desde febrero, mientras los costos médicos se acumulan. En la entidad, donde el 76 por ciento de la población enfrenta pobreza multidimensional según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, esta falta de apoyo se traduce en una vulnerabilidad doble, la económica y la sanitaria. A esto se suma que el tratamiento antirretroviral puede alcanzar hasta 36 mil pesos mensuales si no se cuenta con cobertura institucional.
El problema no se limita a la entrega de tarjetas. Los testimonios denunciaron actos de humillación dentro de las oficinas públicas, donde trabajadores del programa Bienestar habrían revelado la condición de los pacientes frente a otros usuarios. Este tipo de prácticas contradice la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establece sanciones por difundir información sensible relacionada con el estado de salud de las personas.
De acuerdo con datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, la comarca es la tercera entidad con mayor número de casos activos de VIH en el país, con más de 10 mil personas diagnosticadas. Tan solo en 2024 se registraron más de 800 nuevos contagios, y el 60 por ciento de los pacientes enfrenta dificultades para mantener su tratamiento de forma continua. A esto se suma que solo el 55 por ciento de los municipios chiapanecos cuenta con unidades médicas especializadas en atención al VIH.
Mientras tanto, los pacientes insistieron en que su demanda no es económica, sino de respeto y dignidad. La falta de sensibilidad institucional, señalaron, perpetúa una forma de violencia estructural que los margina incluso dentro de los programas diseñados para apoyarlos. En vísperas de un nuevo periodo de revisión de los padrones de Bienestar, la exigencia es clara, no se trata solo de entregar tarjetas, sino de garantizar que el trato a los beneficiarios esté libre de prejuicios.
