Chiapas registra un incremento sostenido de personas desaparecidas, con especial impacto en mujeres, adolescentes y migrantes
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
Los Diálogos de Alto Nivel entre la Unión Europea y México sobre derechos humanos y seguridad se han convertido en un termómetro del deterioro de la violencia en el país. En sus más recientes ediciones, ambos bloques reconocieron avances en cooperación política y técnica, pero subrayaron un punto crítico: la persistencia de la impunidad y la falta de resultados concretos frente al aumento de desapariciones, particularmente en estados fronterizos como Chiapas.
Las delegaciones europeas insistieron en reforzar los mecanismos de búsqueda inmediata, mejorar la interoperabilidad de bases de datos y profesionalizar la capacidad forense, un área donde México mantiene rezagos estructurales. Aunque el país ha aceptado mantener una agenda conjunta y recibir asistencia técnica, organizaciones civiles alertan que muchas de las recomendaciones continúan en la etapa de diagnóstico y no se reflejan plenamente en terreno.
El panorama en Chiapas evidencia ese desfase. Según consultas a la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el estado ha mostrado un incremento sostenido desde 2021. La tendencia se agravó en 2023 y 2024, años en los que se concentraron los mayores reportes recientes. A esto se suma el análisis de organizaciones especializadas que documentan patrones preocupantes: desapariciones de adolescentes, mujeres jóvenes y, con especial frecuencia, personas migrantes que atraviesan la frontera sur rumbo al centro del país.
Colectivos de búsqueda en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y la región Fronteriza describen un contexto cada vez más complejo. Señalan rutas dominadas por grupos delictivos, fallas recurrentes en la activación de protocolos y dificultades para obtener información precisa de autoridades municipales y estatales. A pesar de los esfuerzos por fortalecer fiscalías especializadas, la capacidad para investigar y localizar a las víctimas sigue siendo insuficiente.
En el marco de los diálogos, la Unión Europea ha planteado apoyar la formación de equipos forenses, impulsar la transparencia en las investigaciones y reforzar la protección a defensores de derechos humanos y familiares que encabezan la búsqueda. México, por su parte, se comprometió a mejorar la coordinación interinstitucional, actualizar sus marcos de actuación y consolidar bases de datos confiables para agilizar la identificación de restos.
Sin embargo, mientras las mesas diplomáticas avanzan, la realidad en Chiapas continúa marcada por la urgencia. Para muchas familias, cada día sin respuesta representa un vacío que ninguna declaración política puede llenar. Frente a una frontera cada vez más convulsa, el reto es que los compromisos internacionales se traduzcan en acciones capaces de frenar la creciente ola de desapariciones y ofrecer justicia a quienes llevan años buscando a sus seres queridos.
