Aunque los ataques continúan acumulándose, las investigaciones siguen sin resultados concretos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, la ruta para denunciar amenazas contra periodistas suele ser más larga que el propio hecho que las originó. Aunque en los últimos cinco años se han registrado más de 80 denuncias formales por intimidación, la mayoría avanza con una lentitud que desalienta a víctimas y desgasta el sentido mismo de la justicia. Las cifras mostraron que el aparato institucional opera con tiempos que no corresponden a la urgencia de proteger a quienes documentan la violencia que envuelve al estado.
Mientras las investigaciones se atascan, los asesinatos de comunicadores marcan el pulso de un oficio vulnerado. Los casos de Víctor Culebro y Luis Amaya, ocurridos en 2024, expusieron una dinámica recurrente, homicidios sin detenidos, carpetas sin avances y comunidades que aprenden rápido que el silencio protege más que la ley. Esa misma lógica de riesgo se replicó en zonas rurales donde la prensa es prácticamente la única herramienta para denunciar abusos, pero también el blanco más visible para los agresores.
La falta de resultados contrasta con la magnitud del problema. Entre 2020 y 2025, la Fiscalía abrió 85 carpetas por amenazas, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), registró 47 quejas solo en el mismo periodo. A ello se suman otros indicadores poco discutidos, la comarca mantiene una tasa de resolución del 2.3 por ciento en delitos contra periodistas; el 68 por ciento de las denuncias se archiva sin determinar responsables; apenas existen 14 medidas de protección vigentes para comunicadores en todo el estado; y, según Artículo 19, la entidad es la cuarta del país con más agresiones documentadas contra la prensa desde 2018.
El clima de hostilidad encuentra raíces profundas en la disputa territorial del crimen organizado y en la participación de autoridades locales dentro de las agresiones. De las 21 quejas registradas este año ante la CEDH, la mayoría señaló a funcionarios municipales o personal de la propia Fiscalía, lo que desnuda una contradicción estructural, quienes deberían garantizar seguridad se convierten, en algunos casos, en agentes de intimidación.
La suma de violencia, impunidad y burocracia ha generado un efecto corrosivo, periodistas que dejan de cubrir ciertas zonas, medios que evitan temas sensibles y comunidades enteras que pierden acceso a información crítica. En un territorio donde los procesos avanzan con dilaciones sistemáticas, la cifra de denuncias no marca un problema aislado, sino un síntoma de deterioro institucional.
