Vecinos alertaron que sin intervención inmediata, la ocupación ilegal de viviendas podría derivar en conflictos comunitarios
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La invasión de viviendas abandonadas en el sur de Tapachula ser transformó en un delito sistemático que se sostiene en la necesidad y en la ausencia de vigilancia institucional. Casas deshabitadas durante años han pasado a ser ocupadas mediante esquemas informales impulsados por pseudo líderes que utilizan a familias migrantes como instrumento para apropiarse de inmuebles sin respaldo legal.
El fenómeno se ha expandido en un contexto donde Chiapas arrastra un rezago histórico en materia de vivienda, dadoque, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 14 por ciento de las viviendas en la entidad se encuentran deshabitadas, mientras que miles de familias carecen de acceso a un hogar formal. Esta contradicción ha sido aprovechada por intermediarios que cobran cuotas ilegales bajo la promesa de posesión, aun sabiendo que no existe ningún documento que respalde dichos traspasos.
La problemática también se cruza con la realidad migratoria del municipio, dado que cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados indicaron que Tapachula concentró uno de los mayores flujos de personas migrantes del país, muchas de ellas sin redes de apoyo ni recursos suficientes para acceder al mercado formal de vivienda. Esta presión social ha permitido que el engaño se normalice y que el cobro de entre 10 y 15 mil pesos por casas invadidas se reproduzca sin control.
Especialistas en desarrollo urbano explicaron que la omisión de las autoridades puede derivar en conflictos mayores, dadoque el Instituto Nacional del Suelo Sustentable ha documentado que los asentamientos irregulares suelen escalar en disputas legales y enfrentamientos vecinales cuando no existe una intervención temprana. En Tapachula, la falta de acciones ha facilitado que las invasiones se extiendan a nuevas colonias, lo que debilita la certeza jurídica y el tejido comunitario.
Más allá del delito patrimonial, la invasión de viviendasdemostró una crisis social donde la necesidad de un techo se convierte en mercancía para redes informales que operan con total impunidad. Mientras no se combine una política de vivienda accesible con acciones legales firmes contra quienes lucran con la pobreza, Tapachula seguirá viendo cómo el abandono urbano se transforma en un negocio que amenaza con salirse del control del Estado.
