Taxistas denunciaron un esquema de irregulares que habría operado desde la pasada administración estatal
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
A partir de una denuncia colectiva presentada por la Coordinadora Independiente de Trabajadores (CIT) en Chiapas, cerca de 100 taxistas de Tuxtla Gutiérrez señalaron haber sido víctimas de un presunto fraude millonario cometido por el primo hermano de Aquiles Espinosa, llamado Plácido Limber Morales Molina, relacionado con la promesa de concesiones, un caso que reavivó cuestionamientos sobre el manejo del sector transporte, dado que, cifras oficiales detallaron que en la entidad operan más de 30 mil unidades concesionadas.
Según la acusación expuesta por representantes del gremio, el esquema consistió en el cobro de sumas superiores a los 100 mil pesos por persona, lo que colocaría el monto total del presunto fraude en varios millones, una práctica que se documentó en un contexto donde datos de la Auditoría Superior del Estado han identificado irregularidades en dependencias vinculadas a movilidad durante administraciones pasadas.
Aunque los hechos ocurrieron hace dos años, el avance judicial del caso tomó forma reciente con la detención del presunto intermediario, lo que puso bajo escrutinio el papel de exfuncionarios, sobre todo si se considera que, de acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el transporte público constituye una de las principales fuentes de ingreso para miles de familias urbanas en la comarca.
Con la exigencia de devolución del dinero entregado y el llamado a ampliar las investigaciones, la dirigencia de la CIT sostuvo que el caso no sería aislado, dado que estimaciones oficiales del propio sector transporte puntualizaron que más del 40 por ciento de los trámites concesionarios en la última década enfrentaron observaciones administrativas o denuncias por anomalías.
Ante la cercanía de audiencias clave y la denuncia de presuntas presiones políticas, el conflicto adquirió una dimensión institucional, sobre todo en un escenario donde informes del sistema de justicia estatal reconocieron que menos del 15 por ciento de los delitos patrimoniales denunciados logran una reparación integral del daño, una cifra que sostiene la demanda de castigo y restitución para los taxistas afectados.
