Productores lidian con un escenario adverso que combina cambio climático, inseguridad y presión económica
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En medio de transformaciones climáticas y presiones económicas acumuladas durante la última década, el campo en Chiapas atraviesa una crisis estructural que compromete su papel como base productiva y social. La disminución de lluvias, los ciclos irregulares y la degradación del suelo han alterado los tiempos agrícolas y encarecido las labores tradicionales, esto ha obligado a los productores a replantear sus prácticas.
A medida que los agricultores recurren con mayor frecuencia a insumos químicos para sostener sus cosechas, el deterioro del suelo se convierte en un problema de largo plazo que impacta la productividad y la salud. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimaron que cerca del 75 por ciento de los suelos agrícolas en América Latina presentaron algún grado de degradación, lo que limita su capacidad de regeneración y eleva los costos de producción.
En paralelo a los efectos ambientales, la inseguridad registrada entre 2023 y 2024 afectó la operación del sector, interrumpiendo cadenas de suministro y encareciendo la logística agrícola. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que el sector primario en la comarca aportó alrededor del 10 por ciento al Producto Interno Bruto estatal, por lo que cualquier afectación impacta en la economía regional y en miles de familias.
Conforme el mercado agrícola enfrenta fluctuaciones, el acuerdo para fijar el precio del maíz en siete mil 200 pesos por tonelada busca estabilizar ingresos y ofrecer certidumbre a pequeños productores. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que la región se mantiene entre los principales productores de maíz en el país, con más de 1.5 millones de toneladas anuales, lo que convierte a este cultivo en un eje estratégico para la seguridad alimentaria.
Bajo este escenario, la reactivación del campo dependerá no solo de precios de garantía, también de políticas integrales que atiendan el desgaste ambiental, la seguridad y el acceso a mercados. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social advirtió que más del 70 por ciento de la población en la zona enfrenta condiciones de pobreza, lo que incrementa la urgencia de fortalecer un sector agrícola capaz de sostener ingresos y reducir desigualdades históricas.
