Denuncias señalaron al delegado regional por tolerar inconsistencias que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Lejos de tratarse de fallas aisladas, el transporte público en la Frailesca se ha convertido en un espacio donde la norma perdió peso frente a la costumbre, y en ese vacío crecieron los señalamientos contra el delegado regional de Movilidad y Transporte, Edgar Bravo Serrano, a quien usuarios acusaron de tolerar prácticas que vulneran la seguridad básica. La molestia tomó forma en la repetición diaria de unidades saturadas que circulan sin supervisión efectiva.
Después del incremento al pasaje cercano al 20 por ciento, la promesa de ordenar el servicio quedó atrapada en el discurso oficial, sin traducirse en operativos visibles que modificaran la realidad del transporte. Esa ausencia de vigilancia ocurre en un contexto donde, según la Auditoría Superior del Estado, apenas cuatro de cada 10 inspecciones programadas al transporte público en Chiapas llegaron a ejecutarse, lo que brindó espacios para que las irregularidades se mantengan sin consecuencias.
Con el paso de los meses, el sobrecupo dejó de percibirse como una infracción para instalarse como regla no escrita en los taxis de la región, al obligar a los usuarios a viajar sin condiciones mínimas de seguridad. A esa práctica se sumó el desgaste de las unidades, al considerar que más del 50 por ciento del parque vehicular de transporte público en la entidad presenta algún nivel de deterioro, de acuerdo con diagnósticos de la Secretaría de Movilidad, lo que incrementó la exposición a incidentes.
En medio de esa dinámica, la percepción de corrupción se fortalece entre la ciudadanía que observa cómo las irregularidades persisten sin sanciones. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicaron que más del 60 por ciento de la población en la comarca consideró frecuentes los actos de corrupción en servicios públicos, una cifra que ayuda a entender por qué las denuncias en la Frailesca no encuentran eco inmediato en las autoridades.
Ante ese escenario sostenido por omisiones y complicidades, la exigencia de intervención dejó de ser una petición aislada para convertirse en una demanda que cuestiona la capacidad institucional de garantizar seguridad en el transporte. La permanencia del sobrecupo, en una entidad donde al menos el 30 por ciento de las quejas ante la Secretaría de Movilidad están relacionadas con malas condiciones del servicio, expone un sistema donde la autoridad parece llegar siempre después del problema.
