El fenómeno es “generalizado” y afecta a todo el territorio nacional
PORTAVOZ/AGENCIAS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que México enfrenta una profunda crisis forense con más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, situación que agrava la emergencia nacional de desapariciones y refleja las fallas estructurales en búsqueda e identificación humana.
En su informe “Desapariciones en México”, presentado este lunes por la vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak, el organismo señaló que estimaciones independientes calculan que existen decenas de miles de restos humanos sin identificar en servicios forenses y morgues del país, mientras que hay más de 128 mil personas desaparecidas.
En el informe, la CIDH apuntó que esta situación evidencia “dificultades estructurales” para conducir procesos eficaces de identificación humana y devolver restos a las familias que llevan años buscando a sus seres queridos.
Andrea Pochak comentó en conferencia de prensa que el organismo encontró un fenómeno “generalizado” e “indiscriminado” que puede afectar a cualquier persona en el país y afirmó que la dimensión de la crisis mexicana no tiene precedente regional.
“Es un fenómeno indiscriminado, porque puede afectar a cualquier persona. Hemos documentado desapariciones de niñas, niños, adolescentes, mujeres, migrantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos e incluso agentes del propio Estado”, dijo la comisionada al presentar el documento elaborado durante dos años con testimonios de víctimas, organizaciones y autoridades.
No conocemos otro país de América con una crisis de desapariciones de esta magnitud. Estamos hablando de una situación masiva, generalizada y que afecta a prácticamente todo el territorio mexicano”, Andrea Pochak, relatora de la CIDH.
La relatora recalcó que uno de los hallazgos más graves del informe es el nivel de impunidad que rodea las investigaciones y los procesos de identificación humana.
“Hay una enorme dificultad para investigar los casos, para judicializarlos y para identificar a las personas fallecidas. El nivel de impunidad es inadmisible y genera una profunda desconfianza de las familias hacia las autoridades”, afirmó.
En el informe, la CIDH sostuvo que la crisis forense no solo retrasa la identificación de restos, sino que en algunos casos provoca que personas que fueron reportadas como desaparecidas permanezcan durante años bajo resguardo estatal sin que sus familias sean notificadas.
El informe retomó casos como el de Braulio Bacilio Caballero, un adolescente cuyo cuerpo permaneció seis años en una fosa común de la Ciudad de México debido a errores administrativos en su registro.
En materia de acceso a la justicia, el informe de la Comisión advirtió que persiste una “casi nula judicialización de casos y baja emisión de sentencias”, pese a algunos avances recientes.
Apuntó además que la autoría de las desapariciones corresponde “en gran medida” al crimen organizado; sin embargo, advirtió que las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales o con participación de autoridades no son erradicadas aún.
“Muchas de las desapariciones cometidas hoy en México están relacionadas con el crimen organizado, pero eso no excluye la responsabilidad del Estado. El Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, buscar a las personas desaparecidas y garantizar justicia y reparación a las familias”, afirmó Pochak al respecto.
En el informe, la CIDH también documentó casos en los que existiría complicidad entre grupos criminales y autoridades encargadas de tareas de seguridad, procuración de justicia e incluso autoridades políticas.
También identificó problemas como alta carga procesal, deficiencias en las investigaciones, miedo de las familias para denunciar y una transferencia indebida de responsabilidades de búsqueda hacia los propios familiares.
“Los esfuerzos que ha hecho el Estado mexicano son importantes, especialmente desde 2018, pero siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Hay decenas de miles de cuerpos sin identificar y miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos”, expresó Pochak al respecto.
La Comisión llamó al Estado mexicano a fortalecer los centros de identificación humana, aplicar un enfoque masivo de identificación forense, mejorar la coordinación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda y garantizar apoyos efectivos para las familias buscadoras.
DESAPARICIÓN DE MENORES, UNA ALERTA CRECIENTE
El informe advierte además sobre el incremento de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta agosto de 2025 existían 18 mil 192 menores desaparecidos en el país.
La CIDH señaló que las desapariciones de menores están relacionadas con reclutamiento e involucramiento de niñas, niños y adolescentes con grupos criminales.
Destacó que las desapariciones de niñas y adolescentes ya superan a las de niños en ciertos grupos de edad. El segmento entre 12 y 16 años es el único rango etario en el que desaparecen más mujeres que hombres, situación vinculada por el organismo con violencia de género, trata y explotación sexual.
“El caso de las adolescentes desaparecidas nos preocupa especialmente porque evidencia patrones de violencia de género y posibles redes de explotación que requieren respuestas diferenciadas del Estado”, señaló Pochak.
El Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas concentran la mayor cantidad de reportes de desaparición de mujeres menores, según el informe.
EL “CORREDOR DEL PACÍFICO”, FOCO ROJO DE DESAPARICIONES
La CIDH también identificó al denominado “Corredor del Pacífico” –integrado por Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa– como una de las regiones con mayor incidencia de desapariciones en el país.
De acuerdo con el organismo, la dinámica criminal en esa zona está estrechamente ligada a la actuación del crimen organizado, el control territorial y las disputas entre grupos delictivos.
“El informe muestra cómo hay regiones específicas donde la desaparición está profundamente asociada al control territorial de grupos criminales y a economías ilegales que operan con altos niveles de violencia”, afirmó Pochak.
La Comisión añadió que investigaciones periodísticas documentan posibles vínculos entre redes de transporte de pasajeros y desapariciones ocurridas en rutas regionales, así como ataques contra operadores de transporte.
Ante este panorama, la CIDH emitió 40 recomendaciones dirigidas a fortalecer las acciones de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación.
La Comisión pidió evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad, fortalecer la búsqueda inmediata diferenciada, mejorar la coordinación institucional y garantizar la interoperabilidad de registros y bancos de datos.
Asimismo, llamó a asegurar el resguardo y entrega digna de cuerpos, ampliar los apoyos económicos para las familias buscadoras y avanzar en los mecanismos de memoria, verdad y justicia para desapariciones del pasado y del presente.
