Tuxtla Gutiérrez concentró una cuarta parte de los casos registrados, seguida por Tapachula y San Cristóbal de Las Casas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Con 52 carpetas de investigación iniciadas entre enero y abril de 2026, el delito de abuso sexual mostró un incremento preocupante en Chiapas durante el arranque del año. Las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado marcaron un aumento de 44 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, panorama que volvió a colocar bajo presión a las instituciones encargadas de prevención, atención y acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual.
Tuxtla Gutiérrez concentró el 25 por ciento de las investigaciones abiertas en la entidad, seguida por Tapachula y San Cristóbal de Las Casas. El crecimiento de denuncias ocurrió además en un estado donde más de 3.1 millones de habitantes son mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sector poblacional que enfrenta distintos niveles de violencia y vulnerabilidad social en regiones urbanas y rurales.
La incidencia de este delito también coincidió con una fuerte presencia de población joven, puesto que, estadísticas oficiales señalaron que la comarca concentró más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes, grupo considerado prioritario en políticas de protección y atención especializada. En ese sentido, registros del Secretariado Ejecutivo reportaron miles de llamadas de emergencia anuales relacionadas con violencia contra mujeres y agresiones familiares en territorio chiapaneco.
Las carpetas iniciadas forman parte de los casos denunciados ante autoridades ministeriales, por lo que organizaciones civiles advirtieron que la cifra real podría ser mayor debido al temor, presión familiar o falta de acceso a instancias judiciales. A ello se añadió que la región cuenta con apenas unos cuantos Centros de Justicia para las Mujeres distribuidos en municipios estratégicos, situación que limita la cobertura institucional en regiones alejadas.
El aumento de investigaciones por abuso sexual ocurrió en un contexto donde más del 51 por ciento de la población chiapaneca habita en localidades rurales, condición que dificulta el acceso inmediato a servicios médicos, psicológicos y jurídicos especializados. Frente a este escenario, colectivos y defensores de derechos humanos insistieron en fortalecer programas de prevención, educación sexual y mecanismos de denuncia para contener el crecimiento de agresiones sexuales en el estado.
