Más del 70 por ciento de la población ocupada labora sin prestaciones ni seguridad social
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La baja tasa de desempleo en Chiapas comenzó a contrastar con una realidad laboral marcada por salarios insuficientes, jornadas extensas y ausencia de prestaciones. Durante el primer trimestre de 2025, el estado encabezó el país en condiciones críticas de ocupación, situación que colocó a miles de trabajadores en escenarios de alta precariedad pese a contar con alguna fuente de ingreso.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicaron que dos millones 252 mil personas mantienen alguna actividad económica en la comarca, aunque más del 70 por ciento trabaja dentro de la informalidad. La problemática se agravó debido a que alrededor del 60 por ciento de la población ocupada percibe ingresos de hasta dos salarios mínimos, condición que limitó el acceso a vivienda, salud y estabilidad financiera.
La precariedad laboral se concentró en sectores agropecuarios, trabajo doméstico y pequeños comercios, actividades donde predominan esquemas sin contratos ni seguridad social. Registros oficiales señalaron además que la entidad conserva una de las tasas más bajas de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a su población económicamente activa. A ello se sumó que más del 55 por ciento de los trabajadores ocupados labora en micronegocios con baja productividad.
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez presentaron algunos de los porcentajes más elevados del país en condiciones críticas de trabajo, con niveles cercanos al 50 por ciento de su fuerza laboral afectada. Especialistas advirtieron que la disminución del desempleo no implica bienestar económico, debido a que miles de personas aceptan empleos temporales o mal remunerados ante la falta de oportunidades formales.
El deterioro de la calidad laboral comenzó también a impactar a las familias chiapanecas y a su capacidad de desarrollo. Datos oficiales estimaron que más del 67 por ciento de la población ocupada carece de acceso efectivo a instituciones de salud por su condición laboral. Organizaciones civiles alertaron que el crecimiento del empleo informal entre jóvenes y mujeres profundizó aún más la vulnerabilidad económica en distintas regiones del estado.
