En municipios como Oxchuc y Pantelhó, los procesos requieren un entendimiento local que no pueden replicarse desde el centro del país
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La propuesta para desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y transferir sus funciones al Instituto Nacional Electoral (INE) reabrió un viejo debate sobre la viabilidad de centralizar los procesos democráticos en un país tan diverso como México. En estados como Chiapas, donde las elecciones deben adaptarse a contextos multiculturales y sociales complejos, esta medida podría desestabilizar la gestión electoral que ha costado décadas consolidar.
La entidad cuenta con más de 5.5 millones de electores registrados, según el Padrón Electoral del INE, y más del 30 por ciento pertenece a comunidades indígenas. Este panorama implica un trabajo de mediación y organización diferenciado en cada región. Los OPLEs, en este sentido, no solo son operadores técnicos, sino mediadores entre los sistemas normativos indígenas y la democracia representativa.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ha desarrollado modelos únicos para conciliar elecciones por partidos y por usos y costumbres en municipios como Oxchuc o Pantelhó, donde las dinámicas políticas se rigen más por consenso comunitario que por estructuras partidistas. En la actualidad, más de 20 municipios chiapanecos han solicitado procesos de elección por sistemas normativos propios. La pérdida de autonomía local pondría en riesgo estos avances, puesto que el INE no podría atender las particularidades de cada caso desde una oficina central.
A ello se suma la experiencia acumulada del personal técnico y operativo. Desde la creación del Servicio Profesional Electoral Nacional en 2014, el IEPC ha profesionalizado a más de 30 funcionarios de carrera que hoy coordinan los procesos en campo. Reemplazar esa estructura implicaría iniciar de nuevo en capacitación y logística, lo que afectaría la estabilidad del calendario electoral y la confianza ciudadana, que en la comarca apenas alcanza el 48 por ciento de aprobación hacia las instituciones electorales.
Aunque la federación argumentó un ahorro de 20 mil millones de pesos con la eliminación de los OPLEs, el costo social y operativo podría ser mayor. En un estado con una geografía dispersa, altos índices de marginación y comunidades que desconfían del poder central, la centralización electoral podría significar un retroceso en términos de inclusión, representación y paz social. En la región, la democracia no se impone desde un escritorio, se construye a pie, comunidad por comunidad.
