Tapachula, Tuxtla, Comitán y San Cristóbal concentraron los reportes más graves
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El robo de infraestructura pública se ha convertido en uno de los delitos más costosos para las ciudades de Chiapas. Aunque rara vez ocupa titulares, afecta a servicios esenciales como agua, electricidad y telecomunicaciones. La extracción de cables, medidores y tapas metálicas no solo genera pérdidas económicas, compromete la seguridad urbana. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 48 por ciento de los delitos patrimoniales no se denuncia, esto facilita la expansión de estas redes clandestinas.
Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Tuxtla Gutiérrez concentraron la mayor parte de los reportes, por robo de medidores y tapas de drenaje. En la capital, el Sistema Municipal de Agua Potable informó que el 30 por ciento de los medidores y el 45 por ciento de las tapas han sido robados hasta 2024. Esta tendencia se alinea con el aumento nacional del 32 por ciento en robos a infraestructura hidráulica en cinco años. Las reparaciones constantes elevaron costos y afectaron la operación municipal.
El robo de cableado eléctrico y fibra óptica agrava el panorama. Comisión Federal de Electricidad (CFE), reportó este 2025 un total de cinco kilómetros de cable robado en el país, con pérdidas de 890 millones de pesos, lo cual colocó a la comarca entre los estados más afectados. En Tapachula, entre enero y septiembre, 50 colonias quedaron sin telefonía e internet por sustracción de fibra óptica. Aunque hubo 20 detenidos, el delito continúa alimentado por redes organizadas y puntos de venta sin regulación.
El cobre sigue siendo el material más codiciado, su valor legal va de 130 a 160 pesos por kilo, mientras que en el mercado clandestino se compra entre 90 y 120. CFE ha comenzado a sustituirlo por aluminio, pero este también es robado y su demanda ha aumentado 19 por ciento según la industria nacional. La falta de control sobre centros de reciclaje permitió que cualquier pieza sustraída del espacio público encuentre comprador, manteniendo activa esta economía ilegal.
A pesar de su impacto, se trata de un delito con altos niveles de impunidad. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estimó que el 94 por ciento de los delitos patrimoniales queda sin castigo, lo que incentiva la repetición. Autoridades y expertos coincidieron en que se requieren operativos focalizados, regulación estricta a recicladoras y vigilancia comunitaria para contener el problema.
