Los nuevos casos de violencia sexual en menores se acumulan este año mientras el sistema sigue sin articularse
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, los abusos sexuales contra niñas y niños quedan impunes por la ausencia de dictámenes médicos especializados que sostengan de manera legal los casos. Sin ese respaldo clínico, las agresiones se investigan, pero no se acreditan con la fuerza necesaria para avanzar en tribunales. La violencia existe, pero el sistema falla al momento de convertirla en responsabilidad penal.
Esta omisión tiene efectos directos en los procesos judiciales, dado que, sin dictámenes médicos, los agresores pueden enfrentar los juicios en libertad o incluso quedar fuera del proceso. El problema se vuelve más grave si se considera que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 90 por ciento de los delitos sexuales en México no se denuncian, lo que vuelve crucial cada caso que sí logra llegar a la Fiscalía.
La fragilidad institucional se profundiza cuando las víctimas presentan dificultades de comunicación. Sin valoraciones especializadas, estas infancias quedan excluidas del proceso penal. En 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró más de nueve mil carpetas de investigación por abuso sexual infantil en el país, aunque solo una fracción logró judicializarse de manera sólida.
A esta realidad se suman los casos activos que llegaron en lo que va del año. En las primeras semanas, organizaciones civiles en la entidad ya reportaron nuevas atenciones por violencia sexual infantil, muchas relacionadas con agresiones ocurridas en entornos cercanos. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha documentado que siete de cada 10 abusos sexuales contra menores ocurren dentro del círculo de confianza.
El avance limitado de estos casos también está ligado a las carencias del sistema de salud y el Inegi colocó a la entidadentre los estados con menor número de médicos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional. Sin atención médica especializada y dictámenes oportunos, los expedientes se estancan y los nuevos casos se suman a una estadística donde la impunidad se convierte en norma.
