La expansión operativa sin marco legal genera responsabilidad, por ende, expertos alertaron sobre abusos y falta de legitimidad
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La instalación de retenes estatales en carreteras federales volvió a encender una alerta jurídica en Chiapas, dado que, el caso del tramo Tapachula–Ciudad Hidalgo es un ejemplo de cómo la expansión operativa de corporaciones locales puede cruzar límites legales claros, aun cuando se argumente la necesidad de reforzar la seguridad en zonas estratégicas.
Especialistas en derecho detallaron que el problema no es la presencia policial en sí, sino quién ejerce la autoridad y bajo qué facultades. Las carreteras federales forman parte de un régimen exclusivo de vigilancia y control que no admite interpretaciones flexibles, puesto que en el momento que una corporación estatal instala un punto de revisión sin mandato federal, deja de actuar como auxiliar y se convierte en una autoridad sin competencia.
En México existen más de 51 mil kilómetros de carreteras federales, por donde circula alrededor del 80 por ciento del transporte de carga nacional. Además, siete de cada 10 delitos carreteros registrados a nivel nacional ocurren en tramos federales, razón por la cual la ley concentró su vigilancia en la Guardia Nacional. En la comarca, estas vías conectan puertos, fronteras y corredores comerciales clavede alta importancia geográfica.
El riesgo no es menor para los automovilistas, puesto que, cuando un retén carece de sustento legal, cualquier revisión de documentos, inspección vehicular o retención momentánea se vuelve cuestionable. De acuerdo con datos oficiales, más del 60 por ciento de las quejas por abuso de autoridad en carreteras se relaciona con revisiones irregulares, lo que abre la puerta a violaciones de derechos y a responsabilidades administrativas para los mandos que ordenan estos operativos.
La ausencia de información pública sobre un convenio vigente entre autoridades estatales y federales refuerza la preocupación. En México solo el 35 por ciento de los operativos de seguridad interinstitucional cuenta con acuerdos formales documentados, según registros oficiales, la improvisación operativa se convierte en un problema estructural. El debate, explicaron expertos es legal, dado que, fuera de la ley, incluso la seguridad pierde legitimidad.
