Con resultados como desarticulación de células, recuperación de territorios y la detención de mandos medios y operativos, se demuestra que es posible revertir el control criminal cuando existe voluntad política
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La madrugada del 30 de septiembre pasado, cuando Roger Irabier Roblero López, alias “El Peque”, de 39 años, fue detenido en La Democracia, Guatemala —apenas a 15 kilómetros de la línea divisoria con México—, algunos pobladores de Frontera Comalapa lloraron de alegría. No era para menos. Durante más de cuatro años, cientos de familias vivieron atemorizadas y sometidas por Mano Izquierda (Maíz), la organización paramilitar del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), a la que pertenecía.
La detención de Roblero López representó apenas uno de los múltiples golpes que, de manera sostenida, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) han asestado a la estructura criminal que por años mantuvo en vilo a la región fronteriza de Chiapas. Lo que parecía un dominio absoluto e inexpugnable del crimen organizado comienza a resquebrajarse bajo el peso de una estrategia integral que combina inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y presencia permanente en territorio.
Para comprender la magnitud de los recientes logros en materia de seguridad, es necesario retroceder al año 2020. Fue entonces cuando el CJNG, a través de su brazo regional Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG) y su grupo armado Maíz (Mano Izquierda), irrumpió con violencia en la franja fronteriza que comparten México y Guatemala, particularmente en el cruce clandestino de Santa Teresa Llano Grande (México)-Guailá (Guatemala), un corredor de cinco poblados a lo largo de 5.5 kilómetros.
Este paso, históricamente utilizado para el comercio informal y el contrabando, se convirtió en la puerta de entrada para una de las organizaciones criminales más poderosas de México. De acuerdo con reportes de seguridad consultados, por esta franja cruzaban diariamente entre mil y mil 500 vehículos particulares, camiones y tráileres con maíz, café, cemento, refacciones automotrices, motocicletas nuevas, ganado vacuno, cerdos, ropa, armas, drogas y migrantes.
El negocio era multimillonario. Las cuotas para pasar con abarrotes o ropa de paca (usada) fluctuaban entre los 50 y 500 pesos, pero para camiones cargados con motocicletas nuevas o piezas automotrices, la cuota superaba los 20 mil pesos. Pronto, el control del cruce se extendió a las poblaciones aledañas: El Jocote, El Sabinalito, 20 de Mayo y Santa Teresa Llano Grande cayeron bajo el yugo criminal.
Desde ahí, el CJNG-CCyG extendió su dominio a la cabecera municipal de Frontera Comalapa —un municipio de unos 90 mil habitantes con más de 300 comunidades— y avanzó hacia otros puntos de la Sierra Madre, hasta alcanzar los límites con Oaxaca. El territorio fue arrebatado al Cártel de Sinaloa, que en esos años enfrentaba disputas internas y no pudo contener la embestida del grupo rival.
El férreo control del CJNG-CCyG obligó a las comunidades con base social del Cártel de Sinaloa a extremar medidas: levantaron barricadas, cavaron zanjas, cerraron accesos con plumas e instalaron bloqueos y retenes sobre la Panamericana. En El Jocote, los leales al CJNG-CCyG hicieron lo mismo: montaron un retén permanente para revisar vehículos del transporte público y particulares, donde interrogaban a las personas para conocer su lugar de origen, destino y exigían una identificación oficial.
El exalcalde del PRI, Irán Mérida Matamoros, quien gobernó Frontera Comalapa entre 2008 y 2010, fue secuestrado el 14 de diciembre de 2023. En un video grabado por sus captores y que se publicó en abril de 2024, describió con crudeza la situación que se vivía en el municipio.
“Vivimos con zozobra, un temor. El que dirige el Cártel es don Bladimir López Orantes y Antonio (Martínez), son los que cobran derecho de piso a todos los comerciantes. Exigen una cuota de 20 mil pesos y obliga a todos los taxistas, transportistas y gente del mercado a ir a bloquear, cuando el Ejército quiere entrar (a la cabecera)”, señaló en la grabación, que fue lo último que se supo de él. Hasta el día de hoy, su paradero es desconocido.
La dureza del CJNG, CCyG y Maíz provocó que cientos de habitantes huyeran de Frontera Comalapa. Las restricciones eran extremas: hasta transportar pan desde Comitán estaba prohibido. Los guatemaltecos de municipios y aldeas cercanas a la línea divisoria dejaron de llegar a Frontera Comalapa por miedo a ser secuestrados, como ocurrió el 16 de noviembre de 2023 con 10 guatemaltecos que vendían aves de corral en la Sierra. La última vez que sus familiares supieron de ellos, avisaron que viajaban entre Frontera Comalapa y Siltepec y que habían dormido en una casa de huéspedes. Nunca regresaron.
Hasta los traficantes de personas —que movían cientos de migrantes por varios pasos clandestinos que confluyen en Frontera Comalapa— cerraron las rutas. Un habitante del municipio de Cuilco, del departamento de Huehuetenango, confirmó a este medio: “Por acá (Ampliación Nueva Reforma) pasaban todas las noches los camiones llenos de migrantes”, contó el hombre, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.
El corredor fronterizo entre Santa Teresa Llano Grande y Guailá ha sido estratégico durante décadas. Entre 1999 y 2002, por ahí ingresaba gasolina mexicana a Guatemala, cuando el litro costaba entre 4.77 y 5.67 pesos. Para 2017, la situación se invirtió: con el litro en México alcanzando los 20.95 pesos, camiones cargados con diésel y gasolina entraban desde Guatemala para ofrecerla entre 15 y 17 pesos en puntos de venta a la orilla de las carreteras.
Pero no solo combustible cruzaba por esta ruta. En 2008, Los Zetas ingresaron a Guatemala por este mismo corredor para disputarle el territorio al Cártel de Sinaloa, como recuerda la investigadora guatemalteca Julie López. 12 años después, el CJNG siguió sus pasos.
Por ahí ingresaban a México las camionetas todo terreno y camiones monstruo con sicarios para enfrentarse con células del Cártel de Sinaloa en múltiples puntos: Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Motozintla, La Concordia, Jaltenango, Chicomuselo, Bella Vista, La Grandeza, Siltepec y La Trinitaria.
En la estructura del CCyG, Roger Irabier Roblero López, alias “El Peque”, estaba por debajo de Baldemar Calderón Carrillo, alias “Tío Balde”, abatido en un enfrentamiento el 8 de junio pasado en Las Champas, a pocos metros de la línea con Guatemala. También respondía a Juan Valdovinos Mendoza, alias “El señor de los caballos”; a Bladimir López Orantes, y a Antonio Martínez. Roger Irabier era uno de los mandos operativos en la cabecera municipal de Frontera Comalapa.
Durante el Gobierno municipal del morenista Roberto Alejando Mérida González (2022-2024), el CJNG, CCyG y Maíz llegaron a controlar la Policía Municipal. De acuerdo con informes de seguridad, realizaban obras como pavimentación de calles, construcción de canchas y domos a través de constructoras propiedad de Bladimir López Orantes, que administraban sus hijos.
El sistema de extorsión estaba perfectamente organizado. Propietarios de ferreterías, farmacias, supermercados, venta de abarrotes, hoteles y cantinas estaban obligados a pagar un derecho de piso de 20 mil pesos. Los transportistas, dueños de peluquerías, fondas y pequeños comercios debían pagar una cuota obligatoria de mil pesos. Además, todos estaban obligados a participar en bloqueos para impedir la entrada de las fuerzas de seguridad.
EL PUNTO DE INFLEXIÓN: LA LLEGADA DEL NUEVO GOBIERNO EN CHIAPAS
Con la llegada del nuevo Gobierno en Chiapas, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la estrategia de seguridad dio un giro radical. Gran parte de las bases de apoyo, líderes, sicarios, autoridades comunitarias y halcones que trabajaban para el CJNG en Frontera Comalapa fueron detenidos por elementos de fuerzas federales y estatales. Otros huyeron a municipios vecinos o se internaron en Guatemala.
Algunos operadores fueron ejecutados o “levantados” por sus propios adversarios. Incluso bases de apoyo y familiares de líderes del CJNG-CCyG optaron por dejar sus hogares en comunidades de Frontera Comalapa. Aunque esto podría interpretarse como la salida del cartel del estado, las autoridades advierten que la presencia criminal no ha desaparecido por completo, pero sí ha sido significativamente debilitada.
OPERATIVOS RECIENTES: GOLPE TRAS GOLPE A LA ESTRUCTURA CRIMINAL
El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, y del Comisario Piloto Aviador Néstor Moisés Landeros González, informaron el pasado 11 de marzo de 2026 sobre un operativo interinstitucional que refleja la nueva estrategia en acción.
Derivado de un operativo por aire con helicóptero Black Hawk, a través de la Dirección de Transporte Aéreo y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR), Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN), se logró la detención de cinco personas por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud. Estos individuos eran responsables de difundir un audio con amenazas a autoridades estatales y federales en la comunidad Chapayal Grande, perteneciente al municipio de Ixhuatán.
Aparicio Avendaño destacó que, durante el operativo, los detenidos manifestaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación. Se les aseguraron cinco armas largas, cinco cargadores, 129 cartuchos útiles, 16 chalecos balísticos, equipo táctico y narcóticos. Además, están relacionados con el homicidio de una persona del sexo femenino.
Los detenidos fueron identificados como Arek “N”, alias “Pequeño”, originario de Guadalajara; Julio “N”, alias “Moreno”, de Tuxtla Gutiérrez; Iván “N”, alias “Teto”, de Guadalajara; Alejandro “N”, alias “Barbas”, de Guadalajara; y Fernando “N”, alias “Manchas”, de Campeche. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Ese mismo día, se informó también del aseguramiento de dos personas por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en Tapachula, entre ellos Eliseo “N”, presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa. Asimismo, se detuvo a seis personas más por narcomenudeo y delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en Chenalhó, Tapachula y Mazatán.
“Este es un mensaje claro y contundente. Nosotros no vamos a dar un paso atrás, no vamos a permitir que nadie genere violencia o que genere desestabilidad en Chiapas”, enfatizó el titular de la SSP.
DETENCIONES DE ALTO IMPACTO
Agentes estatales y municipales detuvieron en Huixtla a tres hombres presuntamente integrantes del CJNG, acusados de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de delitos contra la salud. La Fiscalía General del Estado informó que los detenidos fueron identificados como Huilver “N”, alias “El Conejo”; Cristofer “N”; y Avisai “N”, quienes manifestaron pertenecer al CJNG y estar vinculados con homicidios ocurridos en semanas recientes en Huixtla, municipio de la costa chiapaneca.
En las acciones intervinieron agentes de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Estatal Fronteriza, Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación Ministerial, la FGE y la Policía Municipal.
En otro operativo realizado también en 2026, autoridades estatales detuvieron a cuatro presuntos miembros de la organización criminal en posesión de armamento y equipo táctico. Durante la acción fueron decomisadas armas largas tipo AK-74 y carabinas M4, además de cargadores, cartuchos útiles, chalecos tácticos y diversas dosis de droga. Entre los detenidos se encontraba un menor de edad.
Los operativos contra esta organización criminal también se remontan a 2025. En diciembre de ese año, autoridades federales y estatales reportaron la detención de al menos 12 presuntos integrantes del CJNG durante un operativo en Chiapas, en el que participaron diversas corporaciones de seguridad.
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA FUERZA PAKAL
Como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y la paz en el estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene un despliegue estratégico de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal en distintos municipios y puntos prioritarios de Chiapas.
Este operativo contempla patrullajes permanentes, recorridos disuasivos, instalación de puntos de inspección y presencia policial en zonas estratégicas, con el objetivo de inhibir conductas delictivas, reforzar la vigilancia y garantizar condiciones de tranquilidad para las y los chiapanecos.
La FRIP mantiene presencia activa en carreteras, zonas urbanas y puntos de alta movilidad, trabajando de manera coordinada y con el compromiso de cerrar el paso a la delincuencia mediante operativos estratégicos, inteligencia operativa y presencia permanente de las fuerzas de seguridad.
UN CONTEXTO COMPLEJO, PERO CON RESULTADOS TANGIBLES
Estas acciones se enmarcan en un contexto de creciente presencia del crimen organizado en el estado, donde distintos grupos criminales mantienen disputas por rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes. Chiapas, por su ubicación estratégica en la frontera sur de México, se ha convertido en una zona de interés para organizaciones delictivas que buscan controlar corredores hacia Centroamérica.
A pesar de los operativos y detenciones realizadas por las autoridades, la situación de seguridad en la región continúa siendo compleja. Organizaciones civiles y analistas han señalado que el incremento de la violencia está relacionado con la disputa territorial entre cárteles y la expansión de células criminales en municipios rurales y fronterizos.
Sin embargo, las autoridades estatales han reiterado que los operativos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal continuarán en coordinación con instancias federales para combatir a los grupos delictivos que operan en Chiapas y garantizar la seguridad de la población.
Los golpes asestados al CJNG y sus filiales en Chiapas representan mucho más que estadísticas de detenciones y aseguramientos. Para comunidades como Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Motozintla o Chicomuselo, significan la posibilidad de recuperar la tranquilidad perdida, de volver a transitar por sus caminos sin miedo, de reabrir sus negocios sin la amenaza del derecho de piso, de dormir sin el temor de un levantón en la madrugada.
La detención de mandos operativos como Roger Irabier Roblero López, alias “El Peque”; la baja de Baldemar Calderón Carrillo, alias “Tío Balde”; y las capturas de decenas de sicarios, halcones y operadores en los últimos meses han desarticulado la estructura de mando que permitía al CJNG operar con impunidad en la región.
Aunque el miedo persiste, algunas voces comienzan a alzarse con cautela. Un comerciante de Frontera Comalapa, que pidió mantener el anonimato, compartió con este medio: “Todavía no es como antes, pero ya se siente la diferencia. Antes no podíamos ni hablar, ahora al menos podemos pensar en volver a trabajar sin que nos pidan cuota cada ocho días. Ojalá que esto siga así y que no regresen”.
Otro habitante de la región, originario de Chicomuselo, señaló: “Nos tocó vivir lo peor. Ver cómo se llevaban a nuestros vecinos, cómo nos quitaban nuestras cosas, cómo nos obligaban a hacer lo que ellos querían. Si esto sigue así, tal vez podamos volver a sembrar nuestros campos sin miedo”.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo ha dejado claro que no habrá tolerancia para quienes intenten vulnerar la paz del estado. El mensaje del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es enfático: la seguridad de las y los chiapanecos es una prioridad y no se escatimarán esfuerzos para garantizarla.
La estrategia integral incluye no solo operativos tácticos, sino también trabajo de inteligencia, coordinación interinstitucional, presencia permanente en territorio y, fundamentalmente, la participación ciudadana. Las autoridades han hecho un llamado a la población para denunciar cualquier hecho delictivo y confiar en las instituciones.
UN ANTES Y UN DESPUÉS
Lo que ocurre en Chiapas en materia de seguridad podría marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en la frontera sur. Por años, la región fue vista como territorio conquistado por los cárteles, donde la ley la imponían grupos armados y el Estado brillaba por su ausencia.
Hoy, con resultados concretos como la desarticulación de células criminales, la recuperación de territorios y la detención de mandos medios y operativos, se demuestra que es posible revertir el control criminal cuando existe voluntad política, coordinación institucional y una estrategia clara.
El camino es largo y los desafíos, enormes. Pero los golpes asestados al CJNG en Chiapas representan un parteaguas en la región. Por primera vez en años, comunidades enteras comienzan a vislumbrar la posibilidad de un futuro sin el yugo del crimen organizado. Y eso, en sí mismo, es una victoria que merece ser contada.
Las autoridades han reiterado que los operativos continuarán y que no se permitirá que grupos delictivos recuperen el terreno perdido. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, con su despliegue estratégico y su capacidad operativa, seguirá siendo el brazo ejecutor de esta nueva estrategia de seguridad que busca devolver la paz a las familias chiapanecas.
En un estado marcado por la violencia en los últimos años, estos resultados ofrecen un rayo de esperanza. La pregunta que queda en el aire es si serán sostenibles en el tiempo y si lograrán transformar la realidad de comunidades que por demasiado tiempo vivieron bajo el terror.
