Regiones como Los Altos concentraron la mayor incidencia, con comunidades afectadas por conflictos y presencia de grupos armados
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, el desplazamiento forzado interno se ha consolidado como una crisis prolongada que supera los tiempos legislativos, con miles de personas expulsadas de sus comunidades por conflictos agrarios, disputas políticas y la presencia de grupos armados, sin que exista una respuesta sostenida que atienda de fondo el fenómeno.
Aunque el Congreso local analiza una nueva ley impulsada por el gobernador, la propuesta surgió en un escenario marcado por la falta de registros actualizados, pese a que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha documentado más de 18 mil personas desplazadas en la entidad, lo que expuso un desfase entre la dimensión del problema y la capacidad institucional para medirlo.
Al observar la geografía del desplazamiento, municipios como Chenalhó, Pantelhó y Aldama concentraron episodios recurrentes de expulsión, en territorios donde el 82 por ciento de la población indígena enfrenta pobreza multidimensional, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que agrava las condiciones de quienes abandonan sus hogares.
A escala nacional, el fenómeno se insertó en una tendencia más amplia, dado que el Internal Displacement Monitoring Centre reportó más de 386 mil desplazamientos internos en México durante la última década, con la comarca entre los estados con recurrencia en eventos colectivos vinculados a violencia.
Frente a este panorama, la discusión legislativa enfrenta el reto de traducirse en acciones efectivas, en una entidad donde al menos el 70 por ciento de las personas desplazadas continúa sin acceso a soluciones duraderas como retorno seguro o reubicación digna, de acuerdo con informes de organizaciones humanitarias, lo que confirmó que la crisis no se explicó por la ausencia de normas, sino por la falta de implementación real.
