La dilación en trámites prolonga la permanencia de población extranjera femenina en condiciones laborales deplorables
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En Tapachula, la presencia de mujeres migrantes ha dejado de ser transitoria para convertirse en una condición de permanencia que impacta en su acceso al empleo, donde la falta de documentos y las restricciones del mercado laboral configuran un entorno que limita sus opciones a espacios como bares y centros nocturnos, en una región donde el 56 por ciento de la población migrante corresponde a mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración.
Bajo esta dinámica, el señalamiento de un doble estigma no solo respondió a una percepción social, sino a condiciones estructurales que reducen la inserción laboral formal, al considerar que más del 65 por ciento de la población migrante en la frontera sur se mantiene fuera de esquemas laborales regulados, según estimaciones de organizaciones civiles con presencia en la zona.
De acuerdo con el trabajo territorial de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, la concentración de mujeres migrantes en este tipo de actividades no responde a una decisión voluntaria, sino a la falta de alternativas en un contexto donde los trámites migratorios pueden extenderse por más de un año, periodo en el que el acceso a empleo formal se vuelve limitado.
Al revisar el perfil de esta población, se observa que una proporción relevante cuenta con formación profesional, dado que cerca del 22 por ciento posee estudios técnicos o universitarios, lo que evidenció una desconexión entre sus capacidades y las oportunidades disponibles en la región.
En conjunto, este escenario se insertó en un mercado laboral marcado por la informalidad, donde el 48 por ciento de los empleos en la comarca se desarrolla fuera de esquemas formales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que reduce aún más las posibilidades de que las mujeres migrantes accedan a condiciones laborales estables.
