El tamaño reducido de los inmuebles limita su funcionalidad para familias, lo que modifica su uso real en algunos casos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En el arranque de uno de los proyectos emblemáticos de vivienda social en Tuxtla Gutiérrez, las llamadas Viviendas del Bienestar comenzaron a mostrar una diferencia entre el diseño institucional y la experiencia cotidiana de quienes ya habitan o acceden a estos espacios, donde el costo final y las condiciones de entrega generan cuestionamientos sobre su alcance real.
A partir de los primeros desarrollos ubicados en zonas como La Gloria, el programa avanza en número de unidades construidas, aunque en campo surgen señales de ajuste en el modelo, en específico en el precio de adquisición que supera lo anunciado en un principio, lo que coloca a los beneficiarios en esquemas de financiamiento más amplios de lo previsto.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, en Chiapas el déficit habitacional supera las 400 mil viviendas, mientras que más del 60 por ciento de los hogares presentó algún tipo de rezago en calidad o espacios, lo que explicó la presión sobre programas públicos que buscan atender la demanda en zonas urbanas en crecimiento como la capital.
Al observar las características físicas de las viviendas, el tamaño reducido y los acabados básicos evidenciaron un enfoque orientado a la producción masiva, lo que contrastó con las expectativas generadas por las casas muestra y generó cuestionamientos sobre la habitabilidad, sobre todo si se considera que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que el promedio de ocupantes por vivienda en la entidad es de 3.8 personas.
Bajo este panorama, y con base en cifras del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores puntualizaron que más del 30 por ciento de las viviendas financiadas en el estado se destinan a renta, además de datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario que ubicaron a la comarca entre los estados con mayor crecimiento urbano en la última década, el programa enfrenta el reto de ajustar su ejecución para evitar que la solución habitacional termine por replicar dinámicas de exclusión dentro del propio mercado de vivienda social.
