El espacio pretende brindar asesoría técnica para cerrar la brecha de desigualdad legal en sectores vulnerables
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
En un estado donde el acceso a las instituciones jurídicas suele estar condicionado por la capacidad económica, el sector académico ha decidido dar un paso al frente. Con un enfoque arraigado en el humanismo y la responsabilidad social, se ha formalizado el lanzamiento de una nueva Consultoría Jurídica Universitaria diseñada para servir como brújula legal para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El proyecto, ubicado en una institución educativa al norte oriente de la capital chiapaneca, surge no solo como un espacio de práctica profesional, sino como un filtro crítico para evitar que los ciudadanos sean víctimas de la desinformación o de vacíos legales que comprometan su patrimonio y estabilidad familiar.
La pertinencia de este proyecto se sustenta en una realidad estadística alarmante. De acuerdo con datos del INEGI y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, Chiapas enfrenta retos estructurales significativos:
Pobreza y Acceso: Siendo uno de los estados con mayores índices de pobreza multidimensional, el costo de una defensa privada resulta prohibitivo para más del 60 por ciento de la población.
Carga de Trabajo: En materia familiar, los juicios de alimentos, divorcios y sucesiones representan más del 50 por ciento de los expedientes radicados en los juzgados de primera instancia del estado.
Desconocimiento Legal: Se estima que cuatro de cada 10 chiapanecos no saben a qué instancia acudir ante un conflicto legal básico, lo que perpetúa ciclos de indefensión.
A diferencia de un despacho jurídico convencional, este espacio se define estrictamente como una consultoría técnica. El cuerpo estudiantil, motor principal de la iniciativa, reconoce los límites de su actuación, pero resalta el valor del conocimiento compartido.
“Somos cuatro estudiantes de derecho que buscan la justicia para los grupos en vulnerabilidad. Sabemos que es una responsabilidad grande, pero debemos actuar con humanismo y profesionalismo. Al ser estudiantes, no realizamos el acompañamiento legal directo, pero sí brindamos la asesoría necesaria para sacar de la duda al ciudadano”, explica uno de los jóvenes participantes.
La maestra titular del proyecto es enfática en distinguir la naturaleza del servicio: “La finalidad es fortalecer esta Consejería; es importante aclarar que no es un bufete ni un despacho, es una consultoría jurídica”. El objetivo es orientar al ciudadano sobre el “qué hacer” y “a dónde ir”, proporcionando una hoja de ruta clara antes de iniciar cualquier procedimiento formal.
La consultoría atenderá casos en ramas fundamentales para la paz social:
-Materia Civil y Familiar: Juicios de alimentos y sucesiones (testamentos).
-Materia Mercantil y Administrativa: Conflictos de deudas y trámites burocráticos.
-Materia Fiscal: Asesoría básica para contribuyentes menores.
Sin embargo, por protocolos de seguridad y especialización, la materia Penal queda excluida de sus facultades.
Para asegurar que ningún ciudadano se quede a mitad del camino, el proyecto contempla una red de vinculación institucional. “Cuando detectemos un problema que salga de nuestras manos, vamos a fortalecer el proceso canalizando a la persona con los servidores públicos competentes”, señaló la docente a cargo.
Con esta apertura, temas críticos como el cumplimiento de pensiones alimenticias uno de los litigios más recurrentes en México y la regularización de propiedades encuentran un nuevo canal de resolución. La academia chiapaneca demuestra así que el derecho no debe ser un privilegio de pocos, sino un servicio humano destinado a equilibrar la balanza de la justicia.
La consultoría ya se encuentra operando, marcando un precedente en la formación de abogados que no solo conozcan la norma, sino que comprendan la realidad social de su entorno.
