No pueden ser explotados económicamente con las tecnologías de extracción tradicionales
PORTAVOZ/AGENCIAS
En 11 estados, México tiene reservas de gas no convencional que puede ser extraído por medio de métodos como el fracking, una técnica que fue rechazada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que se está analizando por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el “Análisis para el cálculo de emisiones asociadas a la utilización del fracking”, realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, aunque México tiene potencial de recursos de yacimientos conocidos como “no convencionales”, no pueden ser explotados económicamente con las tecnologías de extracción tradicionales.
“Se identificaron reservas de aceite y gas contenidos en lutitas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas”, refiere.
Y se hicieron estimaciones sobre la cantidad del recurso que podría obtenerse: entre 150 y 459 billones de pies cúbicos, de acuerdo con cálculos de Pemex. Sin embargo, Energy Information Administration (EIA) del Gobierno estadounidense calculó que en las cuencas de México existen un “recurso técnicamente recuperable de 545 billones de pies cúbicos de gas y 13 billones barriles de aceite contenido en lutitas”.
De los 11 estados, las regiones de Tampico-Misantla, Sabinas-Burro-Picachos y Veracruz concentran mayor potencial.
La región de Tampico-Misantla es considerada la primera en importancia desde el punto de vista del potencial de recursos asociados a los yacimientos no convencionales, mientras que la de Sabinas-Burro-Picachos es la segunda por su potencial.
A pesar del potencial, el fracturamiento hidráulico o fracking tiene efectos negativos, entre ellos: competencia por el agua, contaminación de los acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo y atmósfera, afectación a la infraestructura carretera y habitacional, así como pérdida de la biodiversidad.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscó prohibir el fracturamiento hidráulico. Antes de finalizar su sexenio envió una iniciativa para prohibir el fracking desde la Constitución, sin embargo, la iniciativa se quedó en la congeladora legislativa.
“No se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimiento petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico”, decía la propuesta, la cual también planteaba sanciones a quienes incurrieran esa práctica.
México no era el único país en buscar la prohibición, otras naciones lo hicieron antes. En Francia el Parlamento prohibió esa técnica en 2011, en Bulgaria en 2012, en España, en 2012.
Entre los efectos negativos del fracking es que requiere grandes cantidades de agua. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Ecología, la cantidad aproximada de agua utilizada por pozo es 5.7 millones de litros.
“El agua utilizada para la fracturación hidráulica suele ser agua dulce extraída de aguas subterráneas o superficiales situadas cerca de los pozos. Los derrames del agua de retorno pueden llegar a cuerpos de agua subterráneas y superficiales”, refiere.
“El líquido de perforación se combina en el proceso de fractura con sustancias disueltas en el sedimento de la lutita, como son metales pesados, metaloides, y metano lo que provoca reacciones químicas imprevistas de naturaleza nociva para la salud humana y de otros organismos”, alertó.
La técnica de fracturación hidráulica también implica riesgos de contaminación si los químicos utilizados en el proceso de fracturamiento y los lodos que brotan del pozo no son tratados con seguridad.
