La violencia obligó a comunidades enteras a abandonar sus hogares y refugiarse en Chiapas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La violencia que expulsó a familias indígenas de Guerrero comenzó a extender sus efectos hasta Chiapas, lugar donde decenas de personas permanecen resguardadas tras abandonar sus comunidades por ataques armados atribuidos al grupo criminal Los Ardillos. Desde un sitio cuya ubicación mantienen en reserva por seguridad, los desplazados denunciaron asesinatos, incendios de viviendas, amenazas y desapariciones que los obligaron a huir para preservar la vida.
A través de un mensaje difundido en video, las familias señalaron que los ataques continúan desde hace varios días mediante disparos con armas de alto calibre y el uso de drones. Los afectados afirmaron que hasta ahora no han recibido protección suficiente de corporaciones estatales o federales, situación que incrementó el temor entre mujeres, niñas y personas adultas mayores que permanecen desplazadas fuera de sus comunidades de origen.
Chiapas enfrenta un aumento sostenido en desplazamientos forzados vinculados a violencia e inseguridad. Registros oficiales y reportes de organismos civiles documentaron miles de personas desplazadas en distintas regiones del estado durante los últimos años. A ello se añadió que municipios fronterizos y zonas rurales comenzaron a registrar un incremento en hechos armados y disputas entre grupos criminales.
El desplazamiento forzado también comenzó a generar afectaciones humanitarias relacionadas con alimentación, salud y acceso a espacios seguros para las familias refugiadas. Datos oficiales indicaron que Chiapas concentró uno de los mayores porcentajes de población indígena del país, además de altos niveles de pobreza y rezago social en comunidades rurales. Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que estas condiciones aumentan la vulnerabilidad de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares por violencia.
La exigencia de los desplazados ahora apuntó al Gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quienes solicitaron medidas urgentes para detener los ataques y garantizar un retorno seguro a sus comunidades. Registros estatales subrayaron además que varias regiones de la entidad mantienen alertas por desplazamiento interno y conflictos armados, problemática que amplía la crisis humanitaria en el sur del país.
