La compañía Belgrano Cargas volvió al Estado argentino en 2008 por problemas en la concesión
PORTAVOZ/AGENCIAS
El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto para impulsar la privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística, que opera tres líneas de transporte de cargas por ferrocarril.
Estas líneas férreas fueron entregadas a capitales privados en 1999, sobre el final del Gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999), artífice de la última gran ola privatizadora que vivió Argentina.
Belgrano Cargas volvió al Estado en 2008 por problemas en la concesión.
“El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles”, indicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
El Gobierno había anunciado su decisión de privatizar Belgrano Cargas en octubre pasado, pero hasta ahora el Ejecutivo no había dado ningún paso concreto en ese sentido.
La compañía de transporte de cargas por ferrocarril es una de las tantas empresas que el Gobierno de Milei busca privatizar.
Poco después de asumir la Presidencia argentina en diciembre de 2023, Milei incluyó como “sujetas a privatización” a 41 empresas estatales dentro de un ambicioso proyecto de ley de desregulación económica, una lista que luego se rebajó a seis sociedades como parte de las negociaciones con la oposición para sacar adelante la norma.
En esa nómina acotada quedaron Energía Argentina (con activos en el sector eléctrico y del transporte y la comercialización de gas); Intercargo (servicios en los aeropuertos a las aerolíneas); Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa, servicios de agua potable y cloacas); Belgrano Cargas; la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse, trenes de pasajeros); y Corredores Viales (carreteras y autopistas por peaje).
La ley aprobada en 2024 también posibilita el ingreso de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina (NASA, operadora de centrales nucleares) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT, operadora de una mina de carbón en el sur del país), aunque en ambos casos el Estado nacional queda obligado a mantener una participación accionarial mayoritaria.
