La violencia extrema contra mujeres indígenas persiste sin una respuesta efectiva del Estado ni acciones concretas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Los cuerpos de dos jóvenes asesinadas volvieron a poner en evidencia lo que por años ha sido una omisión sistemática: la Alerta de Género en municipios indígenas de Los Altos de Chiapas no se ha cumplido. A pesar de su activación desde 2016, los feminicidios siguen ocurriendo en contextos donde la impunidad, la falta de acceso a la justicia y el abandono institucional se combinan con un arraigo de violencia estructural contra las mujeres.
La comunidad Cruz de Obispo, en San Juan Chamula, fue escenario del hallazgo de los cuerpos de una adolescente y una joven de 18 años reportadas como desaparecidas en San Cristóbal de Las Casas. La violencia con la que fueron asesinadas reflejó un contexto brutal donde ni la denuncia temprana ni las búsquedas familiares han sido suficientes para evitar otro feminicidio.
Las organizaciones feministas, como la colectiva 50+1, volvieron a señalar lo que desde hace años se repite sin resultado: no hay estrategias específicas ni recursos suficientes para prevenir estos crímenes. El llamado no es nuevo, pero cada cuerpo suma una urgencia mayor. Mientras las instituciones prometen investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, los hechos siguen ocurriendo en la misma zona, con los mismos patrones.
San Juan Chamula es un municipio marcado por la violencia de género y la omisión estatal. A ocho años de la declaratoria de alerta, no hay mecanismos reales de prevención ni programas eficaces de protección para mujeres indígenas. Lo que falta no es diagnóstico, sino voluntad. Y las consecuencias se ven en los números, en las familias rotas y en las rutas de terracería convertidas en escenas del crimen.
Los feminicidios de las hermanas elevaron la cifra estatal a ocho en lo que va del año. Las organizaciones exigen no solo justicia, sino un rediseño urgente de la política pública: una estrategia transversal que confronte la raíz cultural y estructural de esta violencia. Porque la justicia no debe seguir siendo una consigna, sino un derecho vivo y aplicado.
