La iniciativa promueve un marco legal ético, ordenado y eficaz para atender mejor las necesidades del pueblo chiapaneco
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Chiapas, el derecho empieza a dejar de ser un asunto de escritorios para convertirse en una herramienta real de servicio público. La instalación de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado no solo representó un esfuerzo técnico-administrativo, sino también una apuesta por redefinir el papel del derecho en una sociedad que exige justicia cercana, clara y efectiva.
Con la presencia de titulares de unidades jurídicas de todo el aparato estatal, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dejó claro que su visión jurídica no se limita a la interpretación de normas, sino que busca construir un modelo institucional que escuche, corrija y responda. “Yo quiero ser un gobernador justo”, dijo, y esa frase parece marcar el tono de lo que viene: leyes con sentido humano.
La comisión, más que un órgano de coordinación, se plantea como una plataforma para revisar y armonizar la función jurídica en Chiapas. Una apuesta por profesionalizar al funcionariado, pero también por dotar de sentido ético al ejercicio del derecho. El mensaje es claro, no basta con saber la ley, hay que ejercerla con conciencia y compromiso social.
En un momento donde el descrédito de las instituciones públicas muchas veces tiene raíz en la ambigüedad o ineficiencia legal, el reto no es menor. Por eso, el llamado a la articulación con el Congreso del Estado y el Poder Judicial apunta a algo más profundo: reconstruir la confianza ciudadana en el sistema jurídico a través de una visión colaborativa.
La toma de protesta de sus integrantes por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Moreno Guillén, no fue un acto simbólico más. Representó la exigencia de actuar con lealtad, transparencia y sentido constitucional, lejos del lenguaje vacío que suele acompañar estos eventos. Se trató, en esencia, de comprometerse a trabajar desde el derecho con vocación de servicio.
La comisión también buscará ofrecer asesoría técnica, cursos y formación continua para las y los servidores jurídicos del estado. Según el titular de la Consejería Jurídica, Guillermo Nieto Arreola, se trata de profesionalizar la función pública desde la raíz, al asegurar que cada decisión legal se sustente en principios éticos y conocimientos actualizados.
Desde la academia, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) respaldó la creación de esta comisión. Para su rector, Oswaldo Chacón Rojas, este nuevo espacio de análisis jurídico representa un puente entre el conocimiento y la política pública. Reconoció además el liderazgo del gobernador en promover una agenda jurídica con enfoque académico.
El acto, acompañado por representantes de distintos órdenes de Gobierno, evidencia que hay una intención seria de transformar el papel del derecho en Chiapas. Pero más allá de los discursos, el verdadero desafío será convertir esta comisión en un mecanismo vivo que se aleje del formalismo y se acerque a lo que hoy más se necesita, justicia tangible, ética pública y una gestión jurídica que defienda el interés común.
Para que esta transformación jurídica sea duradera, será crucial que el nuevo órgano no caiga en la trampa de la burocracia decorativa. Su legitimidad no se construirá en foros ni en discursos, sino en su capacidad para incidir en la vida cotidiana de las personas. La Comisión deberá demostrar que puede ser un espacio donde el derecho se traduce en soluciones concretas, donde la ley sirve para proteger, orientar y reparar, no solo para administrar.
