Cinco tseltales sentenciados a 25 años enfrentan violaciones legales y desaparición forzada, señalaron organizaciones internacionales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una fuerte recomendación al Estado mexicano para liberar y reparar a cinco activistas indígenas de Chiapas, cuya condena a 25 años de prisión fue calificada como una violación flagrante al derecho internacional. Este pronunciamiento puso en evidencia una problemática más amplia que afecta a defensores de derechos humanos en la región. La exigencia de indemnización y una investigación profunda se sumó a un llamado urgente por justicia y respeto a las garantías fundamentales.
Los activistas, todos pertenecientes al pueblo maya tseltal, fueron arrestados entre mayo y junio de 2022 bajo acusaciones cuestionables vinculadas a un homicidio que, según denuncias, está enraizado en conflictos comunitarios y prácticas arbitrarias locales. Su historial de defensa del territorio y oposición a megaproyectos gubernamentales como carreteras y presencia militar resalta el contexto político que, según expertos, ha condicionado la persecución legal en su contra.
Un informe oficial del Centro Nacional de Derechos Humanos indicó que en la comarca se documentaron 32 casos de detenciones arbitrarias en el último trienio, muchos relacionados con activistas y líderes comunitarios. Además, un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que el 46 por ciento de los activistas en la región están en situación de vulnerabilidad debido a amenazas y hostigamiento sistemático. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que la entidad es uno de los estados con mayor número de denuncias por violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, con 124 casos documentados en los últimos cinco años.
La resolución adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria reflejó una preocupación internacional por la falta de garantías legales y el uso indebido del sistema judicial. La recomendación incluyó la repetición del proceso penal bajo estrictos estándares de justicia, la liberación inmediata de los acusados y una reparación integral que contemple indemnización y medidas de no repetición.
Más allá de este caso específico, la problemática expuso un patrón de injusticias arraigado en dinámicas de poder y discriminación. La comunidad internacional y los organismos defensores de derechos humanos continúan atentos, al demandar transparencia, respeto y acciones concretas para garantizar que la justicia sea una realidad para las comunidades indígenas del estado.
