Entre 2018 y julio del 2024, la CNDH recibió mil 934 quejas contra los guardias
PORTAVOZ/AGENCIAS
Aunque se ha posicionado como una de las principales fuerzas de seguridad del país, la Guardia Nacional (GN) realiza en promedio 0.071 detenciones por agente al año, cifra inferior a la de las policías estatales, que registran un promedio de 1.6 detenciones anuales por agente. Esta diferencia cuestiona la efectividad operativa de una institución que concentra la mayor parte del presupuesto de seguridad y está bajo control castrense, expuso un informe de la Universidad Iberoamericana (Ibero).
De acuerdo con datos del documento “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” del Programa de Seguridad Ciudadana, con más de 126 mil elementos, el 88 por cientode origen militar, la GN también mostró un rendimiento inferior que el Ejército en aseguramientos de armas y cocaína, heroína y metanfetamina.
“Las Fuerzas Armadas y la GN mantienen altos niveles de confianza ciudadana: 86.7 por ciento en la Marina, 84.3 por ciento en la Sedena y 77.2 por ciento en la GN 42 por ciento. Sin embargo, este respaldo contrasta con su historial en materia de derechos humanos. Entre diciembre de 2018 y julio de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 934 quejas contra la GN, incluyendo 183 por detenciones arbitrarias. En el mismo periodo, la Sedena acumuló dos mil 279 quejas 43 por actos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales 44”, precisó la institución.
VIOLENCIA SIGUE
El documento también señala que el modelo de seguridad militarizado no ha reducido los niveles de violencia en el país. En 2023 se registraron 31 mil 602 homicidios, un promedio de 85 al día, mientras que el número de personas desaparecidas y no localizadas ascendió a 126 mil 938.
Además, se denunció que uno de los mecanismos que más se utilizan para ampliar esta presencia castrense es la firma de convenios entre las autoridades civiles y las entidades de las Fuerzas Armadas. Se informó que, entre el 2007 y 2022, se lograron 258 convenios, con los que se trasladaron el 89 por ciento de las funciones civiles a cualquiera de las dependencias castrenses.
“México opera bajo un modelo de control en el que la arbitrariedad se ha normalizado como herramienta de gestión del delito”, se indicó en el texto.
Otro de los hallazgos presentados en el informe fue que 86por ciento de las personas privadas de libertad reportaron haber sufrido uso excesivo de la fuerza. Solo el 4.3 por ciento de las detenciones hechas por las Fuerzas Armadas contaron con orden judicial. Además, el 64.5 por ciento de las personas detenidas dijeron haber sufrido maltrato entre su detención y la presentación ante el Ministerio Público.
