Solo un pequeño porcentaje de las denuncias son atendidas por las autoridades
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Chiapas, uno de los estados con mayores índices de violencia de género en el país, los refugios para mujeres en situación de riesgo enfrentan una crisis, la falta de recursos públicos para operar con normalidad. Aunque por ley deben brindar atención inmediata a quienes sufren violencia, los fondos federales etiquetados para este fin se han retrasado durante 2025, lo que ha puesto en jaque su funcionamiento.
La presidenta de la organización Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, denunció que el retraso no solo compromete la atención a niñas, adolescentes y mujeres en peligro, sino que también viola los derechos laborales de las profesionistas que sostienen el servicio. “Las trabajadoras están sin salarios, pero siguen aquí. Es como si libráramos dos batallas, contra la violencia y contra la indiferencia institucional”, sentenció.
La situación es alarmante en un estado donde el 70 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021). Además, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) reveló que en el estado solo se resolvió el 6.8 por ciento de las denuncias por violencia de género presentadas entre 2020 y 2023, lo que reflejó un severo rezago en justicia en las zonas rurales.
Pese a que el presupuesto federal destinado al Programa de Apoyo para Refugios de Mujeres creció a nivel nacional en un 6.3 por ciento para 2024, activistas señalaron que el dinero no ha llegado a tiempo ni con claridad de aplicación en estados como Chiapas, donde operan más de una decena de organizaciones adheridas a la Red Nacional de Refugios. Esto contrasta con una necesidad creciente, dado que la Fiscalía General del Estado (FGE) registró más de cuatro mil carpetas de investigación por violencia familiar tan solo en 2023.
Desde Tapachula hasta San Cristóbal, el reclamo es uno, que Gobierno federal reconozca a estas organizaciones como aliadas en la lucha por la vida y la dignidad de las mujeres. “Si el Estado no las protege, nosotras lo haremos. No es ideología, es humanidad”, concluyó Simón Ortega.
