Expertos advirtieron que sin evaluaciones independientes, los programas podrían perder eficacia
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Con más del 74.5 por ciento de su población en situación de pobreza y el 29 por ciento en pobreza extrema, Chiapas ha necesitado más que discursos: ha requerido datos precisos para diseñar acciones que incidan en la raíz del rezago. Por ello, la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), órgano encargado de medir y evaluar la política social, deja al estado en un vacío preocupante, justo cuando su diagnóstico exige urgencia y rigor.
Durante años, los reportes del Coneval sirvieron para desmontar simulaciones y evidenciar los límites de las políticas asistencialistas. Gracias a su autonomía técnica, fue posible saber que el 48.3 por ciento de los hogares chiapanecos carece de acceso a servicios básicos en la vivienda, o que el 58.6 por ciento enfrenta inseguridad alimentaria, según el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2020. Sin esa brújula, el riesgo es navegar a ciegas en medio del abandono estructural.
La decisión de trasladar sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) genera más dudas que certezas. Aunque el instituto cuenta con amplia experiencia estadística, aún no se aclara si se mantendrán las metodologías de evaluación social, ni si conservará la independencia que permitía al Coneval emitir datos sin filtros políticos. La credibilidad de las cifras es lo que ha permitido, hasta ahora, poner el foco en regiones donde el desarrollo no ha llegado.
La entidad, con una tasa del 34.2 por ciento de población sin acceso a servicios de salud, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, es uno de los estados donde cada indicador se traduce en vidas concretas y vulneradas. Sin evaluaciones sólidas, los programas sociales pueden perder enfoque o quedarse en lo superficial, lo que perpetuaría el rezago en lugar de corregirlo.
Más que un cambio institucional, lo que está en juego es la capacidad de reconocer el problema con honestidad técnica. En un país donde las cifras pueden ser manipuladas o ignoradas, la región necesita mediciones que no dependan de voluntades políticas. La pobreza no se resuelve desde el escritorio; pero tampoco sin información certera que permita actuar donde más se necesita.
