Acusan al alcalde de retener fondos, mientras el municipio argumentó que los retrasos son por reglas estatales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La paciencia se agotó en la comunidad Maravillas, municipio de Jitotol. Tras más de ocho meses de gestión sin resultados tangibles, los habitantes tomaron las calles en una marcha pacífica para exigir el arranque de las obras sociales aprobadas a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). Las consignas apuntaron al alcalde José Gregorio Pérez Molina, a quien acusan de retener o desviar recursos destinados al bienestar comunitario.
Aunque el ayuntamiento ha rechazado cualquier acusación de desvío, con justificaciones como que los retrasos obedecen a las nuevas reglas de operación y validaciones técnicas impuestas desde el nivel estatal, la falta de avances materiales mantiene la tensión viva. De acuerdo con datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Chiapas es uno de los estados con mayor número de municipios que reportan retrasos en la ejecución de obras sociales, con un 47 por ciento sin iniciar proyectos en los primeros tres trimestres del año.
En su defensa, el Gobierno municipal aseguró haber informado sobre los nuevos procesos a todas las localidades. Sin embargo, las reglas impuestas en 2024 por el sistema estatal de planeación han implicado al menos tres filtros adicionales para el arranque de obras, incluyendo verificaciones topográficas y dictámenes técnicos, lo que ha duplicado el promedio de espera de cuatro a ocho meses, según el último reporte del Observatorio del Gasto Público.
Una comisión de los manifestantes fue recibida por la Secretaría General de Gobierno para reiterarles la validez de las nuevas disposiciones. No obstante, el fondo del problema rebasó lo técnico, en la entidad, el 71 por ciento de la población depende de programas y obras públicas para su bienestar, y la percepción de abandono puede erosionar la legitimidad institucional. El retraso no es solo logístico, es político y social.
En un estado donde el 76 por ciento de los municipios están catalogados con rezago social alto o muy alto, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cada semana sin obras es una deuda acumulada. Mientras las autoridades ajustan sus procesos a las nuevas normativas, las comunidades, exigen algo más simple, resultados. Porque la planeación sin acción no solo frustra, también rompe el contrato social que sostiene a las democracias locales.
