La comarca registró 81.7 por ciento de impunidad según índices oficiales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En un giro que sacude la estructura judicial de Chiapas, el director jurídico de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gustavo Ruiz Laparra, fue detenido por presuntos delitos de secuestro y extorsión. La información, reveló que el funcionario fue recluido en el penal de El Amate por orden judicial, aunque la dependencia no ha emitido aún un posicionamiento oficial. La detención ocurrió en un momento crítico para la credibilidad institucional.
Lo inquietante no es solo la acusación en sí, sino el cargo que ocupaba. Ruiz Laparra, pieza clave en el diseño jurídico de la Fiscalía, figuraba en el portal institucional como director jurídico incluso después de su aprehensión. Su nombre seguía activo en la página web, asignado al edificio de la colonia El Bosque en Tuxtla, lo que dejó entrever la desconexión interna o el manejo opaco de información por parte de la institución.
La detención también exhibió un fenómeno de mayor escala,la penetración de redes de corrupción en órganos encargados de impartir justicia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE,2023), el 68 por ciento de los mexicanos considera que las fiscalías estatales son poco o nada confiables. En Chiapas, solo el 14 por ciento de los ciudadanos confía en el Ministerio Público, y el 62 por ciento cree que denunciar delitos no tiene consecuencias jurídicas reales.
Además, la entidad se encuentra entre los 10 estados con mayor impunidad, con un índice del 81.7por ciento según el Índice Global de Impunidad México 2022. A esto se suma que entre 2018 y 2023, más de 280 funcionarios públicos en México fueron procesados por su participación en delitos graves, incluidos secuestro, desaparición forzada y tortura. Casos como el de Ruiz Laparra reafirmaron lo que muchas organizaciones civiles han denunciado, que las fiscalías no solo fallan en combatir el crimen, sino que también lo incuban.
Se espera que la Fiscalía detalle los alcances del caso, pero más allá de lo jurídico, el mensaje es político e institucional. ¿Cuántos más están protegidos por el silencio o por la estructura misma? La detención de un alto mando de la justicia no es una anécdota, es una fractura. Y esa grieta, si no se atiende con transparencia y sanción ejemplar, solo seguirá ensanchándose.
