La ausencia del alcalde y deslealtad de sus colaboradores aumentan la desconfianza en la administración local
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Suchiate, el cobro ilegal de peajes a transportistas se ha convertido en una práctica institucionalizada que opera al margen de la ley y a espaldas de la ciudadanía. Bajo el argumento de un “peaje para obras”, operadores ligados al alcalde Elmer de Jesús Vásquez Gallardo exigen pagos a camioneros que ingresan a la cabecera municipal o que buscan cruzar hacia Guatemala. A pesar de que los recibos emitidos portan el logotipo del ayuntamiento, las aportaciones no figuran en la tesorería local, lo que ha encendido las alarmas por presunta corrupción sistemática.
La ruta del dinero apunta a una caja paralela que no rinde cuentas y se nutre del vacío legal que existe en la regulación de estos cobros. De acuerdo con testimonios, se generan más de 30 mil pesos diarios que no son reportados ni fiscalizados, lo que representa un ingreso mensual cercano al millón de pesos. Los regidores que han cuestionado la irregularidad no recibieron explicaciones, sino una promesa de recibir parte de los ingresos como cuota. Esta dinámica perpetúa un modelo de enriquecimiento personal a costa del interés colectivo.
La ubicación de las casetas, justo en puntos estratégicos como el Puente Cuarentenaria y la carretera Ciudad Hidalgo-Jaritas, reveló una estructura diseñada para maximizar la recaudación y controlar el tránsito comercial. En 2023, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Suchiate registró más de cinco mil movimientos diarios de transporte de carga, lo que da dimensión del volumen afectado. A esto se suma el dato de la Auditoría Superior del Estado (ASE) local que indica que solo el 42 por ciento de los municipios transparenta sus ingresos extraordinarios.
El problema no es nuevo, pero bajo esta administración ha mutado hacia una operación más burda. El artículo 13-Bis de la Ley de Ingresos municipal, citado en los recibos, no justifica el destino informal del recurso ni la inexistencia de obras visibles. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), el 78 por ciento de los municipios en la región presentan riesgos medios o altos en su índice de corrupción.
Organizaciones civiles exigieron una investigación que no se limite al ámbito municipal. En un estado como Chiapas, donde el 70.1 por ciento de la población vive en pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tolerar estas prácticas no es solo una irresponsabilidad, es una traición institucional.
