Durante 2024, el organismo ha emitido recomendaciones por violaciones, mientras instancias estatales siguen omisas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas ha encendido las alertas. Lejos de ser hechos aislados, las denuncias por abuso de poder, negligencia médica y violencia institucional reflejaron una descomposición en la atención y protección de derechos básicos. El presidente del organismo, Horacio Culebro Borrayas, denunció que el acceso a la justicia y a la salud en el estado se encuentra en su punto más crítico en años.
Un caso reciente retrató con nitidez la crisis, un fiscal de distrito golpeó a un fiscal municipal en Simojovel, un hecho que no solo evidencia tensiones internas, sino que cuestiona el Estado de derecho. Si entre servidores públicos se normaliza la violencia, ¿qué margen le queda al ciudadano común? La CEDH abrió una queja de oficio e instó al funcionario agredido a ejercer sus derechos, aunque hasta el momento, las instituciones responsables no han emitido ninguna recomendación oficial sobre el hecho.
El panorama no mejora en el ámbito de la salud pública. Culebro Borrayas anunció que a partir del 8 de agosto se realizarán visitas sorpresivas a hospitales como parte de una estrategia para documentar la ineficiencia de los servicios. En el estado, el 36 por ciento de la población no cuenta con acceso a servicios médicos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y más del 45 por ciento ha reportado carencias en disponibilidad de medicamentos, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La situación se agravó con la escasez de personal y condiciones insalubres, que han motivado un alza en las quejas ciudadanas.
Durante 2024, la CEDH ha emitido siete recomendaciones formales por violaciones a derechos humanos, mientras que las instituciones estatales han permanecido en silencio, incluso frente a hechos tan graves como cuerpos colgados en carreteras o violencia en municipios fronterizos. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad reportó más de seis mil denuncias por delitos contra la integridad personal en el primer semestre del año.
La omisión institucional se vuelve una forma más de violencia. En un estado donde más del 75 por ciento de la población vive en pobreza, la falta de acceso a justicia y salud profundiza las desigualdades y expone a miles a condiciones indignas. La Comisión no solo denuncia, también advierte, sin correcciones urgentes, la fractura social continuará expandiéndose.
