El tráfico ilegal de hidrocarburos representa pérdidas anuales millonarias y fortalece grupos criminales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La frontera sur de Chiapas volvió a colocarse bajo la lupa de las autoridades federales, luego de que este viernes un operativo conjunto desarticulara una red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos en el municipio de Suchiate. El despliegue, coordinado entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), se llevó a cabo en la localidad de Ciudad Hidalgo, donde fueron asegurados 12 mil litros de combustible.
El hallazgo tuvo lugar en un inmueble utilizado como centro logístico para almacenar y distribuir combustible de forma ilícita. Los elementos navales encontraron 150 bidones de 80 litros cada uno, junto con vehículos y materiales empleados para transportar el hidrocarburo. La magnitud de lo asegurado sugiere que no se trataba de un punto menor, sino de una operación estructurada, con implicaciones económicas y territoriales más amplias.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el mercado negro de combustibles representa pérdidas anuales superiores a los 30 mil millones de pesos a nivel nacional. En 2023, el robo de hidrocarburos creció 9.2 por ciento en comparación con el año anterior, con mayores incidencias en zonas limítrofes y regiones con alta movilidad comercial como la frontera sur. En la entidad, según reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito se ha concentrado en municipios como Palenque, Frontera Hidalgo y Suchiate.
Aunque la narrativa oficial se ha centrado en el combate al crimen organizado, estos aseguramientos también revelaron una realidad paralela, la existencia de economías informales arraigadas en zonas con limitada presencia del Estado. Expertos advirtieron que el tráfico de hidrocarburos no solo impacta al fisco, sino que alimenta redes criminales que diversifican sus operaciones en otras actividades ilícitas como el tráfico de armas o personas.
La Secretaría de Marina reiteró que este operativo formó parte de un esquema de vigilancia para proteger el territorio nacional. Sin embargo, el reto va más allá del desmantelamiento de bodegas ilegales. El verdadero desafío está en generar condiciones económicas y sociales que desactiven la necesidad de participar en estas redes. Mientras eso no ocurra, la frontera sur seguirá siendo una zona de disputa, no solo para las autoridades, sino también para quienes han hecho del delito una forma de subsistencia.
