La presencia policial generó temor entre la población tsotsil, y, en consecuencia, su retiro inmediato del operativo
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
El despliegue de elementos de la Guardia Estatal Preventiva en San Juan Chamula no solo provocó el bloqueo de un tramo carretero, sino también un recordatorio claro de la distancia que aún persiste entre las instituciones de seguridad y las comunidades indígenas. En esta región de Los Altos de Chiapas, donde el 99 por ciento de la población se identifica como indígena y el 96 por ciento habla una lengua originaria, las decisiones unilaterales sobre operativos policiales suelen percibirse como actos de imposición, no de protección.
El operativo pretendía establecer un punto de control vehicular en el trayecto que conecta a las comunidades de Pajalton Alto y Chicuntatic. Sin embargo, para los más de 30 habitantes que se manifestaron este martes, la medida resultó innecesaria y ofensiva. Lejos de sentirse resguardados, argumentaron que la presencia de uniformados generó temor entre los niños. Su percepción de seguridad se construye desde otros valores, más vinculados a los acuerdos comunales que a las intervenciones externas.
En el estado, el 41 por ciento de la población vive en localidades de alta y muy alta marginación, muchas de ellas con escasa presencia institucional. En estos contextos, la seguridad se sostiene más por pactos tradicionales que por patrullajes. Por ello, la presencia policial sin consulta previa se interpreta como una ruptura al sistema normativo interno, reconocido por la Constitución bajo el principio de autonomía indígena.
Los habitantes no reclaman por inseguridad, sino por la forma en que se impone el control. Alegaron que no hay delitos ni desorden que ameriten operativos, y que desde hace años no se aplicaban medidas similares en la zona. Esta resistencia reveló una realidad más profunda, el 62 por ciento de los municipios indígenas de la entidad no cuenta con estrategias de seguridad acordadas entre autoridades estatales y tradicionales, lo que mantiene una relación tensa y desconectada.
En lugar de disuadir delitos, la instalación de controles no consultados puede escalar conflictos. La advertencia de los manifestantes fue clara, si no se retiran los policías, podrían ser retenidos. Una respuesta que, aunque preocupante, es parte de una lógica comunitaria que defiende su autodeterminación. En un estado donde más del 70 por ciento de los indígenas no confía en las instituciones de seguridad, la solución no puede ser el despliegue, sino el diálogo.
