La protesta reflejó el hartazgo por abandono institucional y competencia desleal del comercio informal
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La paciencia de más de 200 comerciantes del mercado San Vicente Ferrer llegó a su límite este martes. Con pancartas y exigencias claras, reclamaron al alcalde Carlos Cruz Cruz el abandono institucional que viven desde el inicio de su gestión. Lejos de tratarse de un capricho, los reclamos están anclados en promesas concretas que, a tres años de distancia, siguen sin convertirse en obras. Techos que gotean, instalaciones eléctricas en mal estado y ventas desplomadas han convertido al mercado en un espacio que resiste más que prospera.
La escena no solo fue una protesta por mejores condiciones, sino también un recordatorio de lo que significa gobernar en uno de los municipios con mayores carencias del estado. Según el Índice de Rezago Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2020), Copainalá presenta un grado de rezago medio, con más del 47 por ciento de su población en situación de pobreza. En ese contexto, un mercado funcional no es solo infraestructura, es sustento, es estabilidad económica para cientos de familias.
Las y los locatarios saben que su mercado compite de manera desigual con el comercio informal que cada domingo invade las calles. No se trata solo de una disputa por espacio, sino por sobrevivencia económica. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2023), en la comarca el 73.3 por ciento de la población ocupada trabaja en el sector informal. Los ambulantes no solo merman las ventas, minan la confianza en el Gobierno local que ha permitido esa competencia desleal durante años.
La molestia creció cuando el alcalde respondió con prepotencia ante las críticas, pidiendo que no se alzara la voz. Para los presentes, ese gesto fue más elocuente que cualquier palabra, dejó claro que la escucha activa no forma parte de su administración. Sin embargo, presionado por la manifestación, Carlos Cruz aceptó compromisos específicos, entre ellos el techado del mercado y el retiro de ambulantes.
Lo cierto es que en el territorio más del 55 por ciento de los mercados públicos presentan deterioro estructural o servicios deficientes, según la Secretaría de Economía estatal (2022). La situación del San Vicente Ferrer no es la excepción, sino la regla. Sin embargo, los locatarios no están dispuestos a normalizar la precariedad. En palabras de Jesús Hernández, representante del gremio: “No pedimos privilegios, pedimos condiciones dignas para trabajar.
