Ha generado hacinamiento en las cárceles del país e innumerables violaciones a los derechos humanos
PORTAVOZ/AGENCIAS
A unas semanas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reconfigure por completo con la reforma judicial, los ministros que aún permanecen en funciones no lograron resolver uno de los últimos grandes pendientes del Máximo Tribunal Constitucional.
Se trata del análisis de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), una figura legal que ha permitido encarcelar a miles de personas en México sin sentencia y que ha generado todo tipo de pronunciamientos en contra por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
De acuerdo con especialistas, este recurso legal ha provocado una violación sistemática de los derechos humanos de miles de personas privadas de la libertad, quienes pasan meses e incluso años en prisiones de todo el país en condiciones de hacinamiento.
A ello se suma una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en 2023, la cual ordenó al Gobierno de México dejar sin efectos la PPO y eliminar del marco jurídico la figura del arraigo penal al considerar que se violan los derechos humanos.
Pese a este llamado, la administración federal decidió continuar con esta medida e incluso amplió en los últimos años el catálogo de delitos que ameritan estos recursos legales.
De acuerdo con información de julio de 2025 del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, hay 250 mil 455 personas en prisión a nivel nacional, de las cuales 99 mil 924 se encuentran en prisión preventiva (oficiosa y justificada).
CÁRCELES SOBREPOBLADAS Y ALTOS COSTOS
Luis Tapia, abogado y profesor de Derechos Humanos, Amparo y Derecho Penal explicó en entrevista con Reporte Indigo que la PPO envía un mensaje de “populismo punitivo” y genera más problemas de los que resuelve, como hacinamiento en cárceles, aumento de la criminalidad y altos costos económicos, sin un impacto real en la reducción de delitos.
“La prisión preventiva oficiosa es solo una cara de un problema más profundo: el uso indiscriminado de la prisión preventiva en México. Se envía a la cárcel a personas bajo investigación por delitos, sin que exista una sentencia. Esto genera hacinamiento, incrementa la criminalidad y resulta costoso en términos económicos”, sostuvo el abogado Luis Tapia.
Si bien reconoció que la SCJN ha establecido algunos límites —como permitir la revisión de la medida después de dos años o condicionar la aplicación de las últimas reformas a cambios en el Código Nacional de Procedimientos Penales—, Tapia insistió en que se requiere un análisis de mayor profundidad y establecer más límites.
Como por ejemplo, detalló el especialista, la revisión anticipada del caso antes de los dos años para valorar si persisten riesgos procesales. “En México, la Prisión Preventiva Oficiosa se ha usado como castigo anticipado, vulnerando la presunción de inocencia”, lamentó el abogado.
En el Congreso de la Unión, si bien se promovieron iniciativas para eliminar o, en su caso, modificar figuras como el arraigo y la propia Prisión Preventiva Oficina, se han quedado todas ellas en la congeladora o sin ningún avance.
AGREGAN DELITOS AL CATÁLOGO
La figura de la Prisión Preventiva Oficiosa —que obliga a mantener en prisión a personas acusadas de ciertos delitos mientras se desarrolla el proceso judicial, sin posibilidad de enfrentar el juicio en libertad— fue incorporada a la Constitución mexicana en 2008 como parte de una reforma al artículo 19 de la Carta Magna.
En ese momento, el objetivo declarado era reducir el uso indiscriminado de la prisión preventiva y reservarla solo para delitos de alto impacto. Inicialmente, el catálogo incluyó cinco conductas específicas.
Antes de esta reforma, la regla general era que, una vez dictado el auto de formal prisión, la persona enfrentara el proceso detenida, salvo en delitos con opción de fianza.
Por ello, el objetivo original de la PPO fue acotar este esquema, aunque con el paso de los años ocurrió todo lo contrario: el catálogo de delitos creció de manera constante.
Por ejemplo, en 2019, durante la anterior administración federal, se realizó una reforma que incrementó los delitos sujetos a esta medida. Posteriormente, hacia finales de 2024 se aprobaron dos modificaciones más, y en abril de 2025 se concretó la más reciente ampliación.
En todas ellas, se agregaron delitos que, según especialistas, no justifican de manera automática la privación de libertad antes de un juicio.
¿SCJN DEJA DEUDA PENDIENTE?
A pesar de los múltiples llamados de organizaciones civiles y de otros sectores de la población para que los ministros de la SCJN se pronunciaran sobre esta figura legal en los últimos años, los impartidores de justicia han sido omisos en esta recta final.
En lo que fue una de las últimas sesiones en este Máximo Tribunal Constitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Pleno de la Corte decidió excluir el tema de la Prisión Preventiva Oficiosa.
La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, convocó a una sesión extraordinaria para el próximo 19 de agosto con una agenda centrada justamente en una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, así como la revisión de posibles impugnaciones derivadas de la elección judicial.
Además, se prevé la declaratoria de validez de la elección de dos magistraturas para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme a la competencia conferida a la Corte tras la reciente reforma judicial.
Aunque no se especificó que se abordará la Prisión Preventiva Oficiosa en esta sesión extraordinaria, abogados y organizaciones civiles ven como una última oportunidad que se discuta la PPO, pues de lo contrario, ven una deuda pendiente de los ministros.
EL PROBLEMA QUE CRECE
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal (CNSIPEE-F) 2024, del Inegi, el 37.3 por ciento de la población privada de la libertad no contó con sentencia; dicho porcentaje ascendió al 46.9 por ciento entre las mujeres y al 36.7 por ciento entre los hombres.
Mientras que, del total de personas sin sentencia, el 44.3 por ciento corresponde al estatus de prisión preventiva oficiosa, el 32.5 por ciento en prisión preventiva justificada y el 3.5 por ciento bajo otro supuesto jurídico.
Los habitantes de los estados del país que más han padecido este recurso legal son los del Estado de México y Michoacán, dado que los datos reflejan que el 100 por ciento de las personas privadas de la libertad en esas entidades se encuentra bajo la PPO.
ABUSAN DE MEDIDAS CAUTELARES
La Prisión Preventiva Oficiosa se impone sin evaluar el riesgo procesal ni la idoneidad de la medida; basta con que la acusación sea por alguno de los delitos incluidos en el catálogo del artículo 19 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Así lo alertaron especialistas en derecho y defensores de derechos humanos durante la presentación del Informe Evaluación de Riesgos Procesales y Medidas Cautelares este 13 de agosto.
De acuerdo con el documento elaborado por DragonLab, una consultoría integrada por académicos y activistas, la PPO debería aplicarse de forma excepcional y proporcional, únicamente cuando no exista otra vía para garantizar la comparecencia de la persona imputada, proteger a víctimas o testigos, o evitar la obstrucción de la justicia.
El análisis detalla que el uso extendido de su modalidad oficiosa ha convertido a esta herramienta en una forma de encarcelamiento automático que vulnera el principio de presunción de inocencia y afecta desproporcionadamente a personas en situación de vulnerabilidad.
Los datos recopilados refieren que, desde su introducción en 2008, este listado se ha ampliado en varias reformas para abarcar delitos que van desde homicidio doloso y delincuencia organizada, hasta corrupción, robo de transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos y contrabando.
La reforma más reciente incluso prohíbe que jueces inapliquen la medida por interpretación distinta, en respuesta a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declararon su incompatibilidad con los tratados internacionales.
Las cifras obtenidas en este informe muestran que, en diciembre de 2024, había 235 mil 197 personas privadas de libertad en México, tanto del fuero federal como el estatal; de ellas, 86 mil 625 aún no han recibido sentencia.
