Jóvenes de 20 a 24 años concentran la mayor parte de los casos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Chiapas sigue entre los estados con mayor mortalidad fetal en México, con mil 100 defunciones registradas en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque representa una ligera disminución respecto a 2023, la cifra evidenció brechas en la atención prenatal y perinatal. La situación es crítica en municipios rurales donde el acceso a servicios médicos especializados es limitado y muchas mujeres enfrentan largos traslados para recibir atención. La falta de educación sobre cuidado prenatal también agrava el riesgo de complicaciones durante el embarazo.
Del total de óbitos, 73.5 por ciento fueron captados por la Secretaría de Salud y digitalizados mediante el convenio con el Inegi. Solo 291 casos se registraron mediante permisos de inhumación, lo que reflejó históricas subestimaciones de la mortalidad fetal. Estas diferencias mostraron que gran parte de la información sobre defunciones fetales depende de la capacidad de los sistemas de salud locales para documentarlas. La subregistración también impidió diseñar políticas públicas precisas para prevenir estos decesos.
A nivel estatal, la tasa de mortalidad fetal es de 6.8 por cada mil nacimientos, superior al promedio nacional de 5.4, según datos de la Secretaría de Salud, 2024. Solo 38 por ciento de las mujeres gestantes recibe control prenatal completo, y 27 por ciento de los municipios carece de personal médico suficiente, lo que limita la atención oportuna a embarazos de riesgo, informó la Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2023).
Además, 54 por ciento de los hospitales no cuenta con unidades obstétricas especializadas, y 61 por ciento de los partos de alto riesgo no son atendidos bajo protocolos certificados, confirmó la Secretaría de Salud, 2024. Estas cifras destacaron las barreras estructurales y culturales que enfrentan mujeres jóvenes y comunidades rurales.
Expertos coincidieron en que la combinación de falta de infraestructura, escasa cobertura de servicios y carencias en la capacitación de personal genera un riesgo elevado para madres y recién nacidos. La situación exige políticas públicas integrales y programas de atención materna adaptados a las realidades locales, admitió la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023).
