Familias enteras en regiones cañeras han visto reducidos sus ingresos, mientras el mercado formal pierde terreno
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El contrabando de azúcar en la frontera sur de México no solo golpea a los productores chiapanecos, sino que también arrastra consigo una caída sostenida en los precios nacionales del endulzante. Con alrededor de 40 mil toneladas que ingresan de manera ilegal desde Guatemala cada año, el mercado interno enfrenta una competencia desleal que erosiona la estabilidad de los ingenios locales y mina la confianza en las instituciones encargadas de la vigilancia fronteriza.
De acuerdo con el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, México produjo en la zafra 2023-2024 un total de 5.8 millones de toneladas de azúcar, de las cuales 1.2 millones quedaron como excedentes. Sin embargo, este volumen no logra colocarse en su totalidad dentro del mercado nacional, en parte porque la presencia de producto ilegal desploma los precios de referencia, que en el último año disminuyeron hasta un 15 por ciento en mercados mayoristas.
La situación es crítica en Chiapas, donde más de 25 mil familias dependen del cultivo y la molienda de caña, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Para los pequeños productores, que representan cerca del 70 por ciento del padrón nacional, el ingreso ilegal de azúcar guatemalteca significa vender por debajo de los costos de producción, estimados en nueve mil 500 pesos por hectárea, lo que genera pérdidas que se traducen en endeudamiento rural.
El impacto económico se reflejó también en las exportaciones. Mientras México mantiene un acuerdo con Estados Unidos para venderle 1.1 millones de toneladas anuales con cupos preferenciales, la Comisión Nacional del Azúcar reportó que en 2023 las exportaciones cayeron un nueve por ciento, debido en parte a que los precios internos deprimidos limitan la competitividad del producto mexicano.
El delegado de la Secretaría de Economía en Chiapas, Raúl Ramírez, advirtió que la falta de controles en el río Suchiate y en cruces informales facilita este comercio ilícito, que involucra a redes criminales. Mientras tanto, los productores señalaron que la inacción gubernamental agrava una crisis que ya es estructural, un sector con excedentes que no logra consolidar su mercado por la ausencia de políticas públicas efectivas contra la venta ilegal y la especulación de precios.
