La Secretaría del Trabajo no ha aplicado sanciones, lo que evidenció la inoperancia en vigilancia de normativas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Tapachula, la llamada Ley Silla, que entró en vigor hace casi tres meses con la promesa de mejorar las condiciones laborales de quienes pasan largas horas de pie, ha quedado en un terreno de simulación. Los comercios mantienen a sus empleados sin acceso a un asiento, pese a que la normativa exige garantizar pausas de descanso y mobiliario adecuado.
La situación no es menor si se considera que, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al menos el 35 por ciento de las incapacidades laborales en el país se relacionan con problemas musculoesqueléticos derivados de posturas prolongadas. En el caso de Chiapas, datos de la Secretaría de Salud señalaron que un 42 por ciento de los trabajadores del comercio reportaron dolor de espalda baja, una cifra que ilustra los riesgos de ignorar esta medida.
Más preocupante aún es la falta de supervisión. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha sido señalada como la instancia encargada de vigilar la implementación, pero hasta ahora no ha emitido informes sobre inspecciones o sanciones en Tapachula. Mientras tanto, los trabajadores viven en un conflicto, la ley les reconoce un derecho, pero la práctica laboral les niega el beneficio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2023), en la comarca el 54 por ciento de los ocupados trabaja en el sector terciario, donde el cumplimiento de esta norma debería ser más visible.
Las repercusiones de este incumplimiento no solo son físicas. Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre condiciones laborales advirtió que el 48 por ciento de los trabajadores en México percibe que su entorno de trabajo afecta su bienestar emocional. En Tapachula, testimonios recogidos muestran que los empleados no solo padecen el desgaste físico, sino también la frustración de saberse desprotegidos ante patrones que no aplican la ley y autoridades que no actúan.
La llamada Ley Silla se diseñó para humanizar los espacios laborales, pero su falta de aplicación en Tapachula reveló un problema más profundo, la incapacidad del Estado para garantizar derechos mínimos. Mientras en otras entidades se promueve la ergonomía como herramienta para mejorar la productividad y la salud, en la entidad se normaliza el desgaste humano como parte del costo de trabajar.
