A un año de la despenalización, continúan obstáculos y omisiones que limitan la interrupción del procedimiento en hospitales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, el derecho a interrumpir un embarazo continúa siendo un terreno lleno de obstáculos pese a los avances legislativos. A casi un año de la despenalización, colectivas feministas y la Red Aborta Libre anunciaron una marcha en Tuxtla Gutiérrez este 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, para exigir que las instituciones cumplan lo que la ley ya reconoce.
El reclamo no es menor. Aunque en la actualidad existen cinco hospitales habilitados para brindar el servicio, la realidad es que las mujeres y personas gestantes enfrentan barreras de acceso, desde negativas médicas hasta falta de información clara. Datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) mostraron que, a nivel nacional, solo el 30 por ciento de las instituciones de salud que deberían garantizar el aborto lo hacen sin objeciones, lo que explica por qué la despenalización legal no siempre se traduce en un acceso real.
La Red Aborta Libre señaló que en lo que va del año han orientado a más de 200 personas con dudas sobre su proceso y acompañado a 163 en distintas etapas de la interrupción. La mayoría proviene de Tuxtla, Tapachula, Comitán y San Cristóbal, ciudades donde, se concentra la mayor infraestructura hospitalaria. Según la Secretaría de Salud federal, el estado registró una de las tasas más altas de embarazos adolescentes, 71 nacimientos por cada mil jóvenes de 15 a 19 años, lo que vuelve urgente la garantía de servicios seguros y sin estigmas.
El contexto nacional también reveló la magnitud del reto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportóque, en 2023, más de 20 mil mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones derivadas de abortos inseguros en México. En la comarca, donde el 67.4 por ciento de la población vive en situación de pobreza, estas condiciones agravan la desigualdad, puesto que quienes no pueden costear servicios privados terminan expuestas a mayores riesgos de salud.
La marcha convocada para salir desde la “Cabeza Maya” hasta el Congreso busca visibilizar estas contradicciones y exigir la llamada “despenalización social”, un aborto sin criminalización ni estigmas. Para las colectivas, la transformación solo será real cuando la interrupción del embarazo deje de ser un privilegio de unas cuantas y se convierta en un derecho accesible para todas.
