Un grupo de luchadoras han declarado paro indefinido exigiendo justicia por exhibir información confidencial
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un grupo de madres que buscan justicia para sus hijas víctimas de feminicidio enfrenta no solo el dolor de la pérdida, sino también la revictimización por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia. Adriana, madre de una de las víctimas, ha denunciado públicamente a Lizbeth Córdova Vidal, subdirectora de la Fiscalía de Feminicidios, por exhibir indebidamente información y fotografías relacionadas con el caso de su hija Jade, las cuales están protegidas por la ley. Este acto no solo representa una violación a la secrecía de la investigación, sino que también es un agravio directo a la dignidad de Adriana y a su labor como defensora de derechos humanos.
“Hoy anuncio que entro en un paro por la injusticia”, declaró Adriana durante una emotiva conferencia de prensa, subrayando la gravedad de la situación. Este paro, que ha sido declarado indefinido, busca exigir que se investiguen y sancionen las acciones de Lizbeth, así como pedir cuentas a la Fiscalía por su actuar negligente y violento hacia las víctimas. “No podemos permitir que las instituciones encargadas de procurar justicia sean las primeras en violentar a las mujeres”, enfatizó.
La subdirectora, según su testimonio, no solo mostró información confidencial, sino que también realizó comentarios despectivos sobre la víctima. Esto ha llevado a Adriana a sentirse traicionada en un momento ya de por sí doloroso y crítico. “Me siento en un estado de shock”, confesó, recordando cómo la revictimización ha afectado su salud emocional y su capacidad para seguir luchando.
La denuncia de Adriana no es un caso aislado. Muchas madres en situaciones similares han enfrentado la desinformación y la falta de apoyo por parte de las autoridades. “No me van a callar, no me van a cansar”, aseguró con determinación, mientras reafirmó su compromiso de buscar justicia no solo por su hija, sino por todas las mujeres que no tienen voz. Este movimiento de resistencia, que busca visibilizar las injusticias y la falta de respuesta de las instituciones, es un llamado a la sociedad para no permanecer en silencio ante la impunidad.
Las acusaciones de Adriana se suman a un contexto en el que la violencia de género y los feminicidios han alcanzado cifras alarmantes en México. La falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades ha generado un clima de desconfianza y desesperación entre las familias de las víctimas. “Estamos esperando varios estudios que nos va a entregar la universidad, pero la Fiscalía sigue con la omisión”, relató, evidenciando el abandono al que están sometidas las víctimas y sus familias.
El paro indefinido de Adriana y su colectivo es una manifestación de la frustración acumulada ante la inacción y el desprecio por parte de quienes deberían garantizar la justicia. “Nos hemos organizado sin fines de lucro, y lo hacemos por amor y coraje”, afirma, destacando la dedicación que han puesto en su lucha. Sin embargo, las acusaciones de que reciben pagos por su trabajo son solo un intento de desacreditar su labor y minimizar su dolor.
