El ayuntamiento busca reorganizar el mercado, esto ha generado desacuerdos entre vendedores formales e informales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Locatarios del reconocido mercado “22 de Noviembre” en la colonia Patria Nueva despertaron este martes con la sorpresa de ver a personal del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que implementaba divisiones internas del inmueble. El objetivo declarado, reubicar a más de 100 tianguistas que venden en los alrededores. Lo que no esperaban los comerciantes es que dichas intervenciones se realizaran sin notificación previa, sin identificación visible del personal y sin permitirles conocer los documentos que avalan la medida.
El mercado es para muchos vecinos del norte‑oriente de la capital un punto esencial de abasto. Los locatarios recordaron que son ellos quienes han cuidado de áreas comunes, jardineras y el estacionamiento en buen estado, y advirtieron que los cambios planeados podrían alterar la organización formal que han mantenido con permisos vigentes. En un país donde más del 55 por ciento de los empleos se desempeñan en el sector informal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distinción entre vendedores regulados y no regulados se vuelve clave para entender la tensión.
Uno de los quejosos, quien ocupa un puesto formal en el mercado, denunció que el personal municipal que ingresa “cobra piso” a quienes están fuera del esquema regulado.Este reclamo toma fuerza si se considera que el sector informal de comercio móvil y tianguis representa una proporción significativa de la economía local, y que la formalización es una vía para la protección social de miles de trabajadores.
La comunidad de locatarios exigió que la administración del alcalde Ángel Carlos Torres Culebro establezca de inmediato una mesa de diálogo y presente el proyecto completo de reordenamiento. Las cifras reflejaron que en México la economía informal contribuye con cerca del 24 por cientodel Producto Interno Bruto y que alrededor del 32.2 millones de personas más del 54 por ciento de la población ocupada, laboran sin prestaciones ni contrato.
La inconformidad crece porque detrás de la intervención se vislumbra una tensión estructural, el choque entre la regularización de espacios comerciales tradicionales y la presión por reubicaciones de tianguis informales. Los locatarios reiteran que buscan permanecer en la legalidad, con permisos y orden, y que se respete el lugar que han construido durante décadas. Para ellos, el verdadero riesgo no es solo el cambio de estructura, sino que se vulnere su derecho al comercio organizado y formal en el corazón del mercado.
