Organismos de derechos humanos pidieron reubicación inmediata y garantías de vivienda para los afectados por obra federal
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La construcción del Tren Transístmico en Chiapas ha desatado un conflicto legal que afecta a decenas de familias trabajadoras, acusadas de ocupar el derecho de vía, respecto a esto, el director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Nataniel Hernández, denunció que las acusaciones son arbitrarias y carecen de sustento, mientras los afectados enfrentan amenazas e intimidación.
Según registros de la Fiscalía General de la República (FGR), hay al menos seis carpetas de investigación activas relacionadas con el caso en Arriaga y Pijijiapan, esto contrasta con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que indicaron que solo el 12 por ciento de los conflictos de tierras en la comarca deriva en procesos penales, lo que evidenció la excepcionalidad de estas acusaciones.
Las familias involucradas poseen derechos de posesión que datan de más de una década, aunque no cuentan con títulos de propiedad formal. Expertos señalaron que, en la entidad, el 68 por ciento de los habitantes rurales vive en condiciones similares, donde la posesión histórica se convierte en la única protección frente a desalojos forzosos, lo que exhibe las fallas en los mecanismos de reubicación y compensación.
Hernández subrayó la necesidad de que el Gobierno federal garantice vivienda y seguridad jurídica antes de exigir la entrega del derecho de vía. El Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2023, detalló que solo el 34 por ciento de los municipios cuenta con protocolos claros de reubicación para proyectos de infraestructura, situación que agrava la vulnerabilidad de estas familias.
Los defensores de derechos humanos demandaron además la incorporación inmediata de las familias al padrón de beneficiarios de Bienestar, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Comisión Nacional de Vivienda, por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que, en 2024, el 41 por ciento de los reclamos por afectaciones a proyectos federales involucraron falta de transparencia en la asignación de apoyos, un contexto que respaldó la urgencia de actuar de manera justa y coordinada para evitar daños irreversibles.
