El Fiscal aseguró que no habrá impunidad y que cualquier servidor público que viole la ley enfrentará consecuencias legales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La cero tolerancia ante la corrupción y la impunidad, es una de las directrices que ha marcado el legado gubernamental del actual mandatario de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Tras los hechos ocurridos en Cintalapa y Mazatán, donde se vincularon a funcionarios públicos con células delictivas o negocios ilícitos, la Fiscalía General del Estado (FGE), advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra aquellos que infrinjan la ley y vulneren el Estado de Derecho.
En Mazatán, la FGE confirmó la detención de varios elementos de la Policía Municipal tras detectarse irregularidades en sus funciones, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 22 por ciento de las detenciones por corrupción en el estado durante 2025 correspondieron a servidores de seguridad pública.
Por su parte, en Cintalapa ya fue detenido el presidente municipal, un hecho que marcó un precedente en el combate a la corrupción institucional. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solo 18 por ciento de los municipios chiapanecos habían registrado investigaciones abiertas a funcionarios de alto nivel en la última década, lo que resaltó la relevancia de estas acciones.
El Fiscal José Luis Llaven Abarca, declaró que, en Chiapas, no existirá consideración, ni sanciones más tenues con aquellos que ocupen algún cargo público, tampoco se permitirá el tráfico de influencias para evitar rendir cuentas ante las instituciones de justicia. Por el contrario, la vigilancia y los castigos se mantendrán a la orden del día. Según cifras de la misma Fiscalía, en 2025 se iniciaron 124 carpetas de investigación por delitos relacionados con corrupción, lo que se tradujo a un alza del 15 por ciento en comparación con el año anterior.
Llaven Abarca añadió que las investigaciones continúan y no se descartan nuevas órdenes de aprehensión. El Gobierno estatal mantiene una postura firme para garantizar la legalidad y la confianza ciudadana, fortaleciendo mecanismos de control interno y supervisión de los servidores públicos, según estadísticas de la Contraloría General del Estado, que reportó más de dos mil revisiones en dependencias públicas en el último año.
